El 20 de octubre del 2000 se firmó la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre el Estado peruano y la empresita de S/. 10,000 de capital social, Lima Airport Partners. Pero, quien firma por LAP, Gustavo Enrique Morales Valentín, recién recibe los poderes de esa firma ¡el 25 de enero del 2001! Y así consta en la Notaría Paíno Scarpati. ¿Cómo pudo Perú firmar un convenio con una empresa que no existía legalmente y que, no había establecido los poderes de manera regular porque no hay retroactividad entendible de ninguna clase?

Diciembre del 2000

Lima Airport Partners se constituye con un capital ridículo de S/. 10,000 nuevos soles y sus socios iniciales fueron: Flughafen Frankfurt y suscribe 4275 participaciones Aletta von Massenbach; Bechtel Enterprises International Limited y suscribe 4275 participaciones Fernando Alberto Romeu; y Cosapi, suscribe 1450 participaciones Walter Piazza de la Jara.

Comienza a operar el día de su inscripción registral pública el 12 de diciembre del año 2000. Sin embargo, como consta en todos los medios de comunicación, el Perú suscribió la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez con Lima Airport Partners el 20 de octubre de ese mismo año.

Contradicción

Si el apoderado y primer gerente, Gustavo Morales Valentín, recién recibe facultades para toda clase de firma el 25 de enero del 2001, ¿qué se firmó entre el Estado peruano y LAP varios meses antes? ¿Hay nulidad entonces de ese convenio? ¿Cómo pudieron, las autoridades de entonces, no darse cuenta de una irregularidad viciadora de semejante acto jurídico por el que se regalaba por decenas de años el primer terminal aéreo del Perú?

Más rarezas

Apenas pocos días después, el 27 de febrero del 2001 ante el Notario Manuel Noya de la Piedra, LAP acuerda aumentar el capital social, quedando modificado el Cuadro de Distribución de Participaciones de la siguiente manera:

 Bechtel Enterprises International Ltd. con 45’212,400 participaciones;
 Flughafen Frankfurt/Main Aktiengesellschaft con 45’212,400 participaciones;
 Cosapi S.A. con 15’335,200 participaciones que se encuentran pagadas en un 50.84%.

Se nombra como mandatarios a Gustavo Morales Valentín y Jonathan Church Mac Donald, para que puedan celebrar contratos con los arrendatarios con facultades vigentes hasta el 31 de marzo del 2001.

Nótese que siempre muchos meses después que se firmó entre el Estado y LAP la concesión del Jorge Chávez.

Nueve días después

La Junta de Socios del 16-2-2001, acordó aceptar la renuncia de Gustavo Morales Valentín (el que firmó la concesión sin tener poderes), a su cargo de gerente general de la sociedad y se nombra a Juan Antonio Casanova de San Simón como gerente, así como apoderado de la empresa, con los poderes inherentes y se revocaron los que tenían Gustavo Enrique Morales Valentín y Jonathan Church Mac Donald, como consta en la Notaría Noya de la Piedra.

Proceso impugnado

En oficio No. 197-2000-MP.FSD-Callao, el doctor Vicente Caballero Rojas, Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial del Callao, se dirige a Luis Espinoza Mallqui de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del Callao y dice: “Me dirijo a usted, a fin de hacerle llegar en fs. 03, la denuncia remitida por el Despacho de la Fiscalía de la Nación, presentada por el Sr. Daniel Estrada Pérez, congresista de la República, contra Antonio Jochamovitz, Presidente de la Cepri, por supuestas irregularidades advertidas en el proceso de licitación para la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las mismas que han sido materia de publicación en el Diario Liberación; para los efectos de que proceda conforme a sus legales atribuciones”.

Jochamovitz había sido empleado de la empresa Los Portales que también estuvo participando en el proceso de licitación.

Denuncia actual

Con el ingreso No. 082-04-SIATF en la 11º Fiscalía Provincial Penal del Callao, que atiende Lucila Aliaga Gamarra, está la denuncia por delito de falsedad genérica contra Gustavo Enrique Morales Valentín y Otro y se dice en los considerandos:

“1.1 Está probado que Gustavo Morales Valentín, el día 26 de julio del año 1999, se le otorgó un Poder a nivel de las tres empresas que conformaron inicialmente y, por el plazo de un año que vencía el 26 de julio del año 2000, que pretendían ser considerados postores para el otorgamiento de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entonces este Poder se efectuó a nivel de pretensores más no de una empresa constituida”.

1.2 Cuando venció el plazo del 26 de julio del 2000, acudieron a Registros Públicos en el rubro de Sociedades Mercantiles, para inscribir una prórroga de dicho Contrato primigenio, solamente a nivel de pretensores para participar como postores.

1.3 La Registradora a nivel de Registros Públicos rechazó tajantemente esa prórroga solicitada, en razón que no constituían ninguna empresa y, no tenían calidades absolutas para peticionar este extremo, conforme lo demostramos con los documentos que acompañamos que son prueba plena que al no concedérseles dicha prórroga y haberse vencido el plazo de un año que señalaron y, no haber constituido una persona jurídica, entonces legalmente no tenían ninguna facultad ni derecho para intervenir en la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez.

1.4 Sin embargo, el 26 de octubre del 2000, Gustavo Morales Valentín, sin tener ninguna facultad de Gerente, firmó el contrato de concesión del Aeropuerto a favor de las 03 empresas que inicialmente se constituyeron por un año de duración.

1.5 Recién el 21 de diciembre del año 2000, se inscribe la empresa Lima Airport Partners y, tiene facultades Gustavo Morales Valentín”.

¿Qué está haciendo la Fiscal?

Se sabe que Lima Airport Partners está presionando para el archivo definitivo de esta grave denuncia. Preguntada en diversas oportunidades la Fiscal Lucila Aliaga Gamarra dijo que ella había sido prohibida de expresarse por el Decanato del Colegio de Abogados del Callao. Estos preguntados también, dijeron todo lo contrario, como hemos venido publicando en este medio sin que la Fiscal se haya atrevido a hacer alguna aclaración pública sobre este engorroso y grave particular.

¿Qué hay en juego? ¡Muchísimo! ¿Qué dice el Congreso?

Todo parecería indicar que el contrato de concesión entre el Perú y la empresita Lima Airport Partners adoleció desde su mismo inició de vicios insalvables e irregularides mil. Y es importante impedir que se archive un caso que merece un esclarecimiento total y definitivo para evitar las componendas y las cuchipandas a favor de pandillas o grupos económicos.