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El 25 de febrero hallaron un rastro de sangre que salía de una finca. Cien hombres y mujeres de San José de Apartadó, Colombia, acompañados por testigos internacionales de Brigadas Internacionales de Paz, la organización estadounidense Fellowship of Reconciliation, la Corporación Jurídica Libertad y Concern America, siguieron el rastro hasta la primera tumba.

Santiago, de dos años de edad, y su hermana mayor Natalia, de seis años de edad, fueron enterrados, con sus padres, Sandra Milena Muñoz Rozo y Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano y con Alejandro Pérez Cuiles. Más tarde ese mismo día, hallaron más cuerpos en un campo abierto. Deiner Guerra, de 11 años, estaba allí junto con su padre, Luis Eduardo Guerra y la compañera de éste, Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años de edad.

De acuerdo con Amerigo Incalcaterra, funcionario de Naciones Unidas para los derechos humanos que se encontraba allí, los cuerpos hallados en las tumbas habían sido cortados con machetes. Por lo menos un cuerpo, el de Luis Eduardo Guerra, mostraba señales de tortura. La búsqueda terminó en las tumbas, pero la historia no acaba allí. En un sentido más profundo, el rastro de sangre conduce a Estados Unidos.

La gente de San José sabía qué esperar cuando dejaron su pueblo para ir en la búsqueda de sus vecinos. En 1997, dirigidos por Luis Eduardo Guerra, habían declarado su pueblo como una “comunidad de paz”, negándole la entrada a todas las facciones armadas de la sangrienta guerra civil colombiana.

Desde 1997, más de 130 residentes han sido asesinados. Nadie ha sido condenado por ninguno de esos asesinatos.

Las comunidades de paz rechazan la presencia en sus comunidades tanto del Ejército colombiano y sus aliados paramilitares como de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En ellas se prohíbe cargar armas e insisten en que no son bienvenidos combatientes de ningún bando.

A veces, algunos miembros de estas comunidades han logrado frustrar intentos de las FARC o del Ejército de violar su territorio. En otras ocasiones, hombres armados del Ejército, de los derechistas paramilitares o de las FARC han logrado ingresar y matar.

Luis y Alfonso eran amigos. Alfonso era un líder de la comunidad de paz cercana de Mulatos. Luis había viajado a Madison, Wisconsin, como líder del movimiento de comunidades de paz de Colombia, y a Europa, para generar conciencia sobre dichas comunidades. Pero Luis no era ni político ni funcionario de derechos humanos. Era un campesino.

Luis y su familia habían dejado San José unos días antes, tras caminar siete horas a sus tierras, para cosechar cacao.

De regreso a casa, soldados de la Brigada 17 del Ejército Nacional los detuvieron y los llevaron a la finca de Alfonso, cerca de allí. El medio-hermano de Luis, quien también hacía parte del grupo, logró escapar y corrió hacia San José para alertar sobre lo sucedido. Un pequeño grupo de gente encontró sangre y restos humanos en la finca de Alfonso. Regresaron a San José para disponer un equipo de búsqueda más grande, que fue el que encontró las tumbas.

Uno esperaría que el presidente Alvaro Uribe y otros funcionarios del Gobierno ofrecieran sus profundas disculpas por las acciones oficiales y prometieran investigaciones y procesos. Pues ni se disculparon ni prometieron acciones legales.

El 9 de marzo, el presidente Uribe denunció a las comunidades de paz diciendo que ninguna comunidad podía prohibir la entrada del Ejército.

Los Estados Unidos comparten la responsabilidad en las acciones del presidente de Colombia y en las masacres realizadas por los militares colombianos. Colombia es el tercer mayor receptor de la ayuda militar estadounidense. Bajo el “Plan Colombia”, les ayudamos a entrenar y armar al ejército colombiano. Los soldados estadounidenses entrenan a sus contrapartes colombianas en vigilar los oleoductos y los mercenarios estadounidenses llevan a cabo misiones en helicópteros o se consumen bajo la custodia de las FARC como prisioneros de guerra.

Como presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, el senador Norm Coleman (Republicano de Minnesota), no ha vacilado en dar su apoyo a la ayuda militar del Plan Colombia y a la administración Uribe.

El 23 de junio, Coleman dijo en el Senado: “Para cualquier persona familiarizada con la situación en Colombia, es muy claro que el presidente Uribe está llevando seguridad, estabilidad, ley y orden a un país que lo necesita desesperadamente”.

El 28 de febrero, siete días después de que Luis Eduardo Guerra, su familia y sus amigos fueran asesinados por el ejército colombiano, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos. Como de costumbre, el reporte elogiaba al gobierno colombiano por su progreso en el campo de los derechos humanos.

Tal como los hombres y mujeres de San José, el mundo puede seguir el rastro de sangre de los campesinos masacrados, trabajadores de los derechos humanos, maestros, periodistas y líderes sindicales en Colombia. Ese rastro conduce a nuestra puerta.