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Más de dos mil estudiantes de la enseñanza secundaria y universitaria fueron detenidos esta semana durante sus manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país contra una ley que consagra el apartheid en la educación superior en favor de los ricos y las universidades privadas. La ley ya está aprobada desde el miércoles y sólo falta la promulgación de Ricardo Lagos.

En Chile debe pagarse la educación superior, incluso la que imparten las escasas universidades públicas que sobreviven en el sistema de libre mercado neoliberal que administra el gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. La nueva legislación crea un sistema crediticio con aval del Estado para los estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.

La ley fue aprobada por 39 senadores, con un sólo voto en contra. El Senado está compuesto por 49 miembros desde que renunció el "senador vitalicio" Augusto Pinochet al ser despojado de su "inmunidad parlamentaria". Diez de los 50 miembros son designados a dedo, por el Ejército, la Marina, la Aviación, etc., de acuerdo a la Constitución elaborada por la dictadura en 1980 que rige hasta hoy la "democracia" en Chile. La votación indica que hubo un acuerdo "transversal" entre legisladores de la oposición de derecha y la alianza gobernante de centro-derecha.

La legislación fortalecerá la educación privada que predomina en la sociedad neoliberal chilena. El ministro de Educación, Sergio Bitar, que estuvo exiliado en Venezuela y posee fábricas de papel mural, dijo que la ley abre un nuevo acceso al financiamiento de la educación de miles de estudiantes de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales que hoy no disponen de recursos. “De este modo, el Estado entregará su aval, bajará los intereses y eliminará las discriminaciones y, por lo tanto, habrá más equidad”, subrayó Bittar, sobre quien pesan hoy acusaciones de corrupción formuladas por el diputado de derecha Víctor Pérez.

Según el ministro, la nueva ley no favorece en nada al Fondo de Crédito Solidario "que es urgente para dar más equidad a los que no lo tienen". Aseguró Bitar enfatizó que el Fondo Solidario sigue firme y que la voluntad del Gobierno es continuar aumentándolo. “Vamos a enviar un proyecto de ley de reingeniería para perfeccionarlo”, precisó. El secretario de estado afirmó que "estamos abiertos a ver con los dirigentes estudiantiles el nuevo proyecto de ley que vamos a mandar para fortalecer el Fondo Solidario”.

En Chile existen además severos cuestionamientos a la calidad de la educación privada, que se guía por las leyes del mercado y no por las necesidades del país, puesto que está concebida como un simple negocio de los privados. Todavía no se pone en marcha un sistema de fiscalización y aprobación de la calidad de la enseñanza superior que no proviene de la autoridad chilena sino que es una exigencia del Banco Mundial. Bittar dijo que mientras no se apruebe el proyecto de Ley de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, el Estado sólo podrá avalar a las instituciones autónomas que hayan sido acreditadas por la actual Comisión Nacional de Acreditación de Pre-grado.

El nuevo cuerpo legal fija una tasa de interés del 2% a los préstamos para pagar las universidades acogidas en el nuevo sistema, contra el 8% que deben pagar por los créditos los estudiantes que no califiquen. La educación superior en Chile está al alcance de sólo aquellos que puedan pagársela. Los estudiantes de la Universidad Católica del Norte aseguraron desde Antofagasta que "nos encontramos en una fuerte lucha contra la derogación de la Ley de Financiamiento Estudiantil, la cual ya fue aprobada en el Senado" e informan hoy que han adoptado "las siguientes medidas de presión":

  1. Exteriorizar y concientizar a la comunidad de los aspectos que no favorecen la educación por los intereses del Estado.
  2. Una huelga de hambre de los estudiantes en repudio de la aprobación.
  3. Hacer un llamado a todos los universitarios para que en forma masiva se inscriban en los registros electorales para votar en contra de todas las personas que han sido cómplices en la aprobación de esta ley.

Cerca de dos millones de jóvenes con derecho a voto no están inscritos en los registros electorales.