Desde la infeliz frase de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, calificando como una “tontería” el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo Nº 775 referido a la inversión extranjera, hay una campaña de la prensa chilenófila para que esa iniciativa patriótica del vicepresidente Luis Giampietri sea vista no solo como la obra de un personaje escaso de entendimiento sino que además rema contra las reformas que trabajosamente lleva adelante el gobierno en materia de apertura económica, cuyo punto mas alto es la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Es cierto esto? Por supuesto que no. Todo lo contrario.

Lo único que está planteando Giampietri con la modificación del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 757 es que el Estado resguarde el interés nacional con medidas restrictivas específicas. Y esto sólo en casos excepcionales que se darían cuando algunas contrapartes tomen medidas contra los intereses económicos del Perú, violando el principio de reciprocidad, como sucede con Chile y en menor medida Ecuador.

Tanto es así que en el país de la difícil vecindad, como reseña el proyecto, está vigente el decreto ley de fomento de la marina mercante (DL 3059), en cuyo título II y artículo 3º legisla que el cabotaje queda estrictamente reservado a naves chilenas. Es más, "la Autoridad Marítima local correspondiente podrá excluir a una o más naves mercantes del cabotaje cuando, a su juicio, existieran razones suficientes para así disponerlo".

Además el decreto ley de navegación 2222 establece en su artículo 36 que las prácticas y el pilotaje están también reservados para sus connacionales, en especial de su Armada. Y "en las faenas de remolque, o en otras maniobras en puertos chilenos, solo podrán utilizarse remolcadores de bandera nacional", precisa el artículo 41.

Por si fuera poco, la misma norma ordena tener nacionalidad chilena "para ser oficial de naves nacionales” (Artículo 61). Y "para ser tripulante” (Artículo 65).

La propuesta de Giampietri no deja de tomar en cuenta medidas de similar corte vigentes en Ecuador, en concordancia con el artículo 63 de nuestra Constitución: “Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas”.

La modificación o agregado que plantea el proyecto Giampietri no tiene pues nada del otro mundo. "El Estado en resguardo del interés nacional podrá aplicar en casos excepcionales, medidas restrictivas para acceder a los mercados; asimismo podrá adoptar medidas análogas proteccionistas a las de otros países en defensa de la inversión nacional".

Sentido común

Tan sencillo como ese texto de simple sentido común. Y es que para todos los países del mundo –con aquellas dos excepciones- la nuestra es una economía abierta, de recepción de la inversión extranjera, pero hasta donde se sabe toda regla tiene su excepción por el simple hecho que la realidad y el entrecruce de intereses es mucho más rico que las teorías económicas puristas.

¿O es que los apátridas, los globalistas a ultranza y “ciudadanos del mundo” creen que Chile permitiría al Perú invertir en su empresa estatal y estratégica CODELCO, de donde sale el 10 % anual de utilidades para sus FFAA de creciente armamentismo? ¿Olvidan que hace poco en la Meca del capitalismo, Estados Unidos, se impidió que un puerto, también estratégico, caiga en manos de inversionistas árabes? ¿No saben que los nuevos magnates rusos de tecnología, aeronáutica y energía tampoco pueden comprar o formar empresas en los mismos Estados Unidos?

Y esto que no hablamos de la experiencia china y otras economías emergentes cuyo gradualismo hacia una economía abierta es un proceso que aún no culmina. Ese gradualismo se vio en las disposiciones contenidas en el Catálogo Guía para las Inversiones Extranjeras del año 2002, con cláusulas referentes a la mejora de la calidad, que pasaron de 186 a 262, mientras las restricciones se redujeron de 112 a 75, incluido en los embarcaderos marítimos de uso común y en la reciente apertura foránea en el sector de las telecomunicaciones y otros.

Hablando de telecomunicaciones, ¿saben nuestros puristas criollos que es un área más que sensible en la mayoría aplastante de naciones del mundo? ¿Creen que Israel permitiría la incursión de capitales árabes en este sector, que es definitivamente estratégico, aunque esta categoría no les guste a los amigos de la gauche caviar que ahora son funcionales a los defensores a ultranza de las teorías del perro del hortelano? Recuérdese que días atrás Fritz Dubois se quejaba en El Comercio del “riesgo real” de retroceder. “Basta ver las propuestas para restringir la inversión extranjera o revertir la reducción de aranceles para confirmar que si se pierde el impulso de avanzar se va rápidamente hacia atrás”.

¡Qué buena! ¿Esta prensa chilenófila por qué no sincera su posición? ¿Por qué, la misma ministra Mercedes Aráoz, no devela con su locuacidad primaria y atrevida, que la defensa a rajatabla de todo tipo de inversión extranjera tiene un norte: la defensa del capital chileno ávido de tomar nuestros puertos (y nuestra selva), a sabiendas que a tenor de la legislación austral es imposible para el Perú incursionar en este sector en su esmirriado litoral-tripa? La otra interrogante es la siguiente: ¿Hasta cuándo se va a aceptar, en la tradicional conducta colaboracionista de Torre Tagle, que la política de cuerdas separadas "beneficiará" a un Perú que supuestamente se verá en el mejor de los mundos con la consolidación de la “amistad”, vía las inversiones, de abismal diferencia y nada de reciprocidad respecto de Chile?

Lo curioso es que la chilla de esa prensa es bien concertada, como si fuera un pecado de lesa patria el pensar en el resguardo del interés del Estado nacional. Es una aplanadora de radios, diarios y televisión, que agresivamente quiere presentar, al mejor estilo de la forja del sentido común gramsciano, que toda defensa del Estado nacional es una antigualla, una tontera o un mero rezago que aún atraviesa al militarismo peruano. Craso error que la historia condena.

Agentes encubiertos

Alguien dijo que en el Perú hay un matrimonio entre la sociedad silenciosa y desmemoriada que se rinde ante esos medios de comunicación que echan un repugnante manto del olvido, ahondado, cada día que pasa, el divorcio entre el Perú y su historia. Y esos agentes encubiertos de poderes transnacionales pretenden que la memoria del Perú se remonte básicamente a los últimos veintiocho años, a lo que llaman huachafamente “conflicto armado interno” que empezara con el atentado terrorista en la lejana comunidad ayacuchana de Chuschi en 1980.

Así como en el tema del proyecto Giampietri sobre inversión extranjera han saltado como si fuera un delito de lesa economía de mercado, más aun saltaron cuando la prensa independiente y crítica objetó la cifra de 69.280 muertos y desaparecidos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por la sencilla razón de que para llegar a tan monstruosa cantidad se había utilizado un método de contabilidad de peces. ¿O es que alguien nos va a explicar cómo es que en esa contabilidad hay 15 muertos por día? ¿De donde salió tamaña cifra? ¿De la experiencia de la Ruanda africana, dónde se afirma que hubo 800 mil muertes en tres meses? ¿Qué tiene que ver Ruanda con el Perú? ¿Qué tienen que ver los métodos de contabilidad de peces con los muertos peruanos en la guerra anti-terrorista?

Lo más grave Pero esto no es lo más grave. Desde que vio luz el informe de la CVR el aparato mediático de las ONGs de derechos humanos trata de hacer creer al Perú y al mundo que la cifra de muertos y desaparecidos –esas 69.280 personas- “supera ampliamente las pérdidas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile, los dos mayores conflictos en los que se ha visto involucrado Perú”, según un reporte de entonces de Patricia Balbuena, de la Coordinadora Nacional del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH.

¿A quién le va a hacer creer la CVR que la guerra anti-terrorista fue el conflicto más sangriento de nuestra historia, mucho más que la guerra con Chile? Nadie que sepa el ABC de itinerario de la República va a tragarse ese sapo. Pero esto no es óbice para que el neovicilismo converso, léase gauche caviar, no machaque día y noche con tal de que esa su versión se haga sentido común. Esto en la lógica de que el informe de la CVR es una verdad sacrosanta y todo el que se atreva a criticarlo o refutarlo es ubicado en el territorio farragoso de los enemigos de los derechos humanos y partidarios de la impunidad.

Más si la crítica proviniera, como ha sucedido en reiteradas oportunidades, de un alto oficial de la Marina como don Luis Giampietri, actor de esos años difíciles, o de cualquier ciudadano informado y librepensador para quien toda verdad oficial, o semioficial, es criticable por el mero hecho de ser obra humana y falible.