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En efecto, esa alta instancia legislativa colombiana aceptó tomar en cuenta reclamos que cuestionan el carácter válido del acuerdo el cual, entre otras cosas, ha provocado severas tensiones con buena parte de las naciones fronterizas con Colombia, y en especial con Venezuela.

La demanda en cuestión considera que debió ser el Congreso nacional quien aprobara mediante ley el protocolo para el uso de las bases, y tal legislación debió haber sido enviada a la Corte Constitucional para su visto bueno, toda vez que implica importante compromiso para el país y sus relaciones exteriores.

Los observadores indican que el proceso legal que se comienza bien podría dejar las cosas como están o colocar en suspenso la materialización del acuerdo. Mientras, especialistas y ex presidentes de la nación pasarían revista a los términos del susodicho tratado con los Estados Unidos.

Desde luego, para el gobierno y los mandos militares locales, beneficiarios del titulado Plan Colombia, surgido en la Casa Blanca con fuerte acento injerencista pero con buena inyección de dólares destinados a la lucha contrainsurgente y la ampliación del número de instalaciones militares norteamericanas, es solo parte de los acuerdos bilaterales ya vigentes desde 1974, por tanto no requieren de estudios ni aprobaciones adicionales.

Para quienes estiman lo contrario, es decir, aquellos que consideran la extensión de la presencia militar estadounidense como parte de una negociación diferente, hay además otros puntos los cuales necesariamente requieren de examen más detallado y paciente.

Se trata, entre otras cosas, de que las nuevas disposiciones liberan de responsabilidad penal a los efectivos extranjeros por desmanes cometidos en el territorio nacional e, incluso, les permite traer a suelo colombiano a militares de otras nacionalidades de manera inconsulta con Bogotá.

Además, el texto de marras también altera las disposiciones vigentes hasta hoy sobre la presencia de tropas norteamericanas en instalaciones del ejército local.

Por añadidura, manifiestan los demandantes, no existe ningún tipo de reciprocidad toda vez que los mandos de Colombia no tienen ninguna prerrogativa ni ventaja en relación con los efectivos extranjeros.

Desde luego, vale insistir, no se trata de que mañana los acuerdos suscritos por el gobierno del presidente Alvaro Uribe se conviertan en papel mojado, pero al menos se hace evidente que a escala de los poderes de la nación, no son todos los que aplauden ni admiten gustosos la parcelación de Colombia en campamentos destinados a tropas gringas.

A no pocos colombianos con responsabilidades oficiales les preocupan el virtual aislamiento regional que el aumento de la presencia militar norteamericana impone al país, y las tensiones ocasionadas con Venezuela, uno de los principales socios comerciales de Colombia.

De hecho, la reducción drástica de operaciones de intercambio con Caracas ha puesto en jaque a buena parte de la pequeña y mediana industria colombiana.

Está por ver en este escenario que fuerzas finalmente impondrán su criterio, pero al menos la actual decisión de la Corte Constitucional parece establecer un elemento positivo dentro de todo lo incierto y conflictivo que se deriva del actual compadrazgo entre el gobierno de Colombia y los sectores agresivos de los Estados Unidos.

Agencia Cubana de Noticias