Circula en la red un documento que delataría graves irregularidades en el funcionamiento legal y eficiente de la Asamblea Nacional de Rectores. El presidente Orlando Velásquez Benítez tiene poquísimos meses de gestión, en buena cuenta, recién se está enterando de estos temas, no obstante la institución está compuesta de poderosos funcionarios en la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría General y la Dirección General de Asesoría Jurídica, cuyos titulares no podían o no pueden ignorar lo que ocurre. A menos que se hagan los ciegos, sordos o mudos. Y para eso no les paga la nación.

Nada menos que sobre la Oficina de Control Institucional se dice lo siguiente:

“Solicitar a la Contraloría General de la República, el cambio del Auditor CPC Juvenal Mariluz Veramendi, por cuanto, en su oportunidad no efectuó los correctivos del caso, además por estar involucrado en acciones irregulares, como el cobro indebido por doble percepción de aguinaldos y bonificaciones del Estado, olvidando su función de fiscalizador”.

El Secretario Ejecutivo de la ANR tiene las siguientes funciones:

Artículo 20º: Es el máximo órgano administrativo encargado de ejecutar las disposiciones que la Comisión de Coordinación Interuniversitaria le señale y está a cargo de un Secretario Ejecutivo elegido por la ANR a propuesta del Presidente de una bina simple, uno de los cuales debe ser ex rector. El Secretario depende jerárquica y administrativamente del Presidente de la ANR y debe acreditar una amplia experiencia académica y administrativa en las universidades del país no menor de 15 años. Podrá ser reelegido.

El Secretario General de la ANR tiene las siguientes funciones:

Artículo 30º: La Secretaría General es el órgano encargado de asistir y brindar apoyo al Pleno, a la CCI y a la Presidencia en lo concerniente a la elaboración de las actas, administración documentaria y archivo de la ANR. Está a cargo de un Director General con Título de Abogado Colegiado con experiencia en docencia y legislación universitaria no menor de 05 años. Depende de la Secretaría Ejecutiva.

El abogado Raúl Martín Vidal Coronado ejerce el cargo de Secretario Ejecutivo y Secretario General, a la vez, de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Qué es lo que ha hecho frente a un pronunciamiento que cuestiona –y con muy duros cargos- nada menos que a quien debía fiscalizar, auditar y proteger los dineros de la institución? Que se sepa a la fecha, nada o muy poco.

En su discurso de toma de cargo, el doctor Orlando Velásquez Benítez ofreció a la ciudadanía y a la comunidad universitaria una gestión que reivindicara la imagen de la ANR y esto implicaba –en su oración- y así lo entendió la opinión pública que tendría que sancionar o apartar a los responsables de hechos tan graves como, por ejemplo, la falta de carnés universitarios por deficiencias en la fabricación de los mismos.

Por tanto el periodismo está en la obligación de preguntar al poderoso Secretario Ejecutivo y, a la vez, Secretario General, doctor Raúl Martín Vidal Coronado ¿qué está haciendo sobre este particular enojoso que cuestiona la política actualísima y deficiente de la Oficina de Control Institucional?

Sin embargo, el Secretario Ejecutivo y Secretario General al alimón, en la persona de Vidal Coronado, no actúa sólo. Se supone, lo haría cualquiera que al menos quiere guardar una gestión decorosa, solicitaría consejo y dictamen a la Dirección General de Asesoría Jurídica:

Artículo 28º: Son funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica:

b. Estudiar y dictaminar sobre asuntos encomendados por la ANR, por la CCI, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva.

El titular de la Dirección General de Asesoría Jurídica es el abogado Pascual Asencios Torres a quien hay que inquirir si, como dice el Reglamento de la ANR, le fue planteado para su estudio y dictamen o por la presidencia o por la Secretaría Ejecutiva o Secretaría General, el asunto de marras y que pone en tela de juicio la idoneidad no sólo profesional sino también moral del Auditor CPC Juvenal Mariluz Veramendi y por lo dicho líneas arriba.

Podría caber la posibilidad de que el abogado Pascual Asencios Torres no fuera consultado, aunque hay consenso generalizado en describir al señor Asencios como un profesional detallista a quien no “se le escapa una” y debido a su consagración devota a los temas de la Asamblea Nacional de Rectores. Por tanto, resulta difícil de creer que no se le hubiese consultado sobre el desdoroso particular.

El asunto no es para tomárselo en broma, el documento denunciante se refiere a la Plana Directiva de la ANR y dice lo siguiente:

“A consecuencia de la irresponsabilidad en las decisiones tomadas, y que han conllevado al desprestigio y desorden a nuestra Institución, existe la urgente necesidad de renovar en su totalidad la plana directiva, para tal efecto se debe convocar a profesionales con conocimiento, experiencia y prestigio, sobre todo honestos, para ocupar los cargos directivos, (direcciones generales y direcciones), acorde con la normatividad vigente y Reglamentos internos de la ANR, para construir las bases sobre las cuales se puede proyectar el objetivo de refundar la ANR”.

Nótese que se denuncia irresponsabilidad y desprestigio como consecuencia; se demanda personal con prestigio y HONESTIDAD y se demanda nada menos que la REFUNDACION de la Asamblea Nacional de Rectores.

El presidente de la ANR, Orlando Velásquez Benítez, tiene trabajo urgente para llevar a cabo. Y debe estar seguro que la opinión pública le acompañará en sus decisiones en pro de la limpieza en la cosa pública.

Evidentemente, la ¡ANR requiere urgentes cambios!

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