Las inquisiciones judiciales como previa censura

Esos empresarios que exigen impunidad para que sus actividades no sean objeto de la información, han acosado judicialmente a la revista Contralínea, para que sus reporteros dejen de investigar, periodísticamente, cuanto hacen con sus empresas y quisieran ocultar, para vivir en el paraíso de los intocables. Con abuso de su poder económico, atacan brutalmente las libertades constitucionales y sus reglamentaciones para reducirlas, y que los periodistas que indagan el quehacer empresarial, los dejen en paz para estar al margen de la información y la crítica; al fin y al cabo que tienen a sus orquestadores que los entrevistan a modo y columnistas que, de forma gratuita o no, los ensalzan hasta convertirlos en damas de la caridad que no alteran sus transacciones.

Quieren que el mercado laboral, mercantil, financiero y sus negocios con empresas públicas se celebren en lo oscurito. Y abortar esos hechos es una de las tareas de la información, para ser exhibidos ante la opinión pública individual y colectiva de la nación. Sin ésta y toda la demás información, la democracia está mutilada. Las embestidas al semanario por empresarios de tal proceder obedecen a la concepción autocrática de quienes, no obstante de tener actividades públicas y de toma y daca con el sector gubernamental, empresas y órganos centralizados y descentralizados con su relativa autonomía, quisieran pasar desapercibidos. Pero no.

La prensa escrita y en particular la que busca información veraz, tierra adentro de lo que quieren ocultar funcionarios y empresarios, debe, cueste lo que cueste, de exhibir información, análisis, crítica y comentarios que ilustren a los lectores para que éstos, como ciudadanos, hagan de esa información su punto de partida para opinar y juzgar a gobernantes y protagonistas (empresarios, banqueros, patrones, etcétera) de la vida pública nacional. Contralínea ha ejercido plenamente las libertades de expresión y de publicar escritos, lo que ha provocado reacciones de censura a través de inquisiciones judiciales. No la han doblegado. Y mientras permanezca como un medio de comunicación, sostendrá a toda costa la constitucionalidad de su tarea periodística.

Nuestras son las palabras del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Es preferible periódicos sin gobierno”. Y, también, las de John Adams, segundo presidente de ese país: “No os sintáis intimidados, pues, por cualquiera amenazas que os impidan publicar con la mayor libertad todo aquello que autoricen las leyes de vuestro país; ni permitáis que se os despoje de vuestra libertad por cualquiera pretextos de cortesía, delicadeza o decencia, que son, únicamente, tres nombres diferentes de la hipocresía, la trapacería y la cobardía”.

Contralínea ha sufrido de los empresarios –que el periodismo de investigación ha puesto frente a la opinión pública– toda clase de inquisiciones judiciales para obligarla a desdecirse, cuando sus reportajes tienen el sustento de la veracidad y buscan siempre la versión de todos los involucrados para completar el cuadro informativo, aunque por lo general, éstos se niegan. Y es que “la libertad de prensa significa libertad para obtener noticias, escribirlas, publicarlas y hacerlas circular”, como resolvió una corte.

El que los funcionarios de los poderes del Estado y los dueños del poder económico insistan en cercar a los medios, sobre todo escritos, con sus demandas civiles y penales, no para dirimir un conflicto de puntos de vista, sino para tratar de censurar la información y solicitar que la prensa no se vuelva a ocupar de ciertos temas con el objeto de imponer una censura previa, significa que tratan de silenciar al periodismo que insiste en ventilar todo cuanto importa a la sociedad civil. Contralínea ha sido víctima de esos actos de acoso judicial por empresarios que quieren la impunidad informativa. Pero, la prensa democrática y republicana a ningún precio ha de abandonar su deber constitucional de informar cuanto sus reporteros investigan. Y publicarlo.