18-4-2013

Pocas veces el Congreso ha estado en la encrujida de tener que demostrar al país que es una organización digna y responsable. Ante la insólita tibieza de la Fiscalía de la Nación y de su titular, José Antonio Peláez Bardales, que no acierta a encontrar delitos en cualquiera de los múltiples casos sospechosos de corrupción del régimen del ex presidente Alan García Pérez, nunca como hoy, el Poder Legislativo se plantea el dilema de acusar a los delincuentes o formar parte del ancestral sistema de corrupción que viene desde los albores republicanos.

Pertinente es recordarle al fiscal José Antonio Peláez Bardales, la anécdota que conté sobre su padre al extinto Mariano, su hermano de padre y madre. Cuando en 1946 don Mario Peláez Bazán juramentó en la Plaza Manco Cápac su cargo de diputado por Amazonas lo hizo premunido de la renuncia en blanco exigida por el mismísimo Haya de la Torre. Garantía de idoneidad el documento sirvió contra cualquier acto de corrupción o uñas largas en los legisladores. ¿Por causa de qué ha sido tan miope o ciego de polendas el fiscal para no encontrar lo que todo el país ve como producto de latrocinios en la cosa pública? El ex constituyente de 1978, don Mario, ¡jamás! hubiera sido cómplice de tales actos palurdos.

El ex presidente Alan García Pérez conmutó o redujo la pena a cacos narcotraficantes para los que las leyes internacionales, de las que Perú como Estado es signatario inequívoco, prohíben expresamente esas acciones. Su firma está en absolutamente todas las resoluciones y siendo que son delitos, entonces está involucrado en transgresiones y atropellos, crímenes y violaciones de la ley.

No sólo eso. También firmó Alan García Pérez la Fe de Erratas que contrabandea por la bagatela de más de S/ 200 millones de soles, al Estadio Nacional, en la refacción de los colegios emblemáticos. El escenario deportivo, hasta donde hay pleno conocimiento, no es un colegio y tampoco alberga alumnos. Para el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, el tema es irrelevante y ordenó el archivo de esta monstruosidad.

Estupidez mayúscula sería atribuir el recuento de estos hechos delictivos a antipatías o simpatías. Cuando el delincuente incurre en la comisión de sus fechorías, la ley prevé el marco punitivo de acuerdo a la gravedad del asunto. Miles de narcotraficantes recibieron la gracia presidencial y más de S/ 200 millones de soles se autorizaron en una Fe de Erratas mañosamente incorporada en el acápite de colegios emblemáticos.

El Congreso no puede, por razón o sinrazón, hacerse de la vista gorda. La salud moral del país urge de actitudes principistas: investigar, acusar y poner a disposición de la justicia penal a todos los que fueron responsables de los delitos. No hay mayor crimen que la monra y estafa del dinero público que el ciudadano común y corriente eroga cuando paga sus impuestos. Y tampoco hay ningún personaje, por más conexiones que pudiera mantener en el Poder Judicial, capaz de ponerse por encima de la ley. ¡Los ladrones sólo tienen un lugar: la cárcel!

¿Cabe la posibilidad que el Congreso decline la gravísima responsabilidad a que está compelido? Sí, y esto es lamentable. Pero, si la imagen que hoy posee el Poder Legislativo ante la ciudadanía es bastante escuálida, arriesga su propia existencia institucional si cohonesta "salidas salomónicas" y "en aras de la unidad nacional".

En cambio ¡cuánto bien haría en ponerse los pantalones y hacer lo único que puede acometer: acusar y poner a los rateros ante los tribunales!

Es hora de definiciones. Más de uno debe andar con eclosiones nerviosas de alto voltaje porque sabe muy bien que el efímero respiro brindado por las exequias públicas de don Armando Villanueva del Campo, el veterano guerrero que ¡jamás se compró una casita de 1 millón de dólares!, empieza a terminarse en pocas horas.

To be or not to be, that is the question, rezaba la frase célebre del drama de Shakespeare. Al Congreso toca responder.

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Congreso: to be or not to be?
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