Testimonio de Mark Weisbrot, Co-Director del Centro para la Investigación de Economía y Política de Washington, D.C. (http//www.cepr.net) ante el Comité del Senado para la Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Cuerpos de Paz y Narcóticos, el 24 de Junio de 2004
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Gracias, Sr. Director y miembros del Comité por invitarme a presenciar estos hechos y puntos de vista. El Centro para la Investigación de Economía y Política es un instituto independiente, de orientación no partidista. Somos financiados primariamente por fundaciones, grandes y pequeñas, así como contribuciones a título individual de ciudadanos americanos. No recibimos fondos de gobierno alguno, ni de partidos políticos o corporaciones.
Sobre la materia de este intercambio "El Estado de la Democracia en Venezuela" existe mucha confusión pública. Para dejar sentado en el record correctamente: Venezuela es una democracia, tanto como cualquier otro país de América Latina hoy. Como Jimmy Carter dijo en una visita allá: "Creo que la libertad de expresión está viva en Venezuela como en cualquier otro país que yo haya visitado". Lo mismo es cierto para la libertad de prensa, reunión, asociación y otras libertades civiles.
Cualquiera que llame al gobierno de Venezuela "autoritario" tiene la necesidad de un diccionario o quizá necesita conocer el lugar. Yo estuve allí durante la huelga petrolera de diciembre de 2002 y fui testigo de la respuesta del gobierno a la destrucción de su economía a manos de menos del 1 % de la fuerza laboral -la gerencia y algunos trabajadores e la industria petrolera. Ellos no estaban en huelga por mejores sueldos o beneficios sino para derrocar al gobierno. Aún en los Estados Unidos, que tiene quizá una de las más fuertes tradiciones de protección a los derechos civiles, una huelga de esta naturaleza sería ilegal. Aquí, los líderes hubiesen estado sujetos al mandato de la corte ordenándoles que retornaran a sus puestos de trabajo y hubiesen sido puestos presos si rehusaban a hacerlo. Esto no pasó en Venezuela. La huelga duró 64 días y llevó a la economía a una profunda recesión.
Es cierto que hay abusos a los derechos humanos en Venezuela. Pero estos no son diferentes de los del resto de América Latina. Y yo no he escuchado que ninguna organización de derechos humanos de buena reputación argumente que ellos han desmejorado durante los cinco años del gobierno de Chávez. Ni han argumentado que el gobierno se ha involucrado en ninguna represión sistemática del disenso político.
¿Cuáles son, entonces, las mayores amenazas para la democracia en Venezuela? La atención aquí se ha centrado en el gobierno de Venezuela. Es, por supuesto cierto, como los americanos lo han reconocido por largo tiempo que cualquier gobierno puede llegar a tornarse represivo si sus ciudadanos no están vigilantes. Pero la democracia venezolana enfrenta otros retos.
Algunos de estos retos provienen de Washington. Nuestro gobierno ha financiado, y continúa financiando, organizaciones lideradas por personas que fueron líderes del golpe de estado de abril de 2002. Estos líderes han recibido, y algunos continúan recibiendo, fondos del Congreso de los Estados Unidos a través del Fondo Nacional para la Democracia
Estas son personas que firmaron el auténtico decreto del 12 de abril de 2002 que derrocó al Presidente electo y al Vicepresidente, que abolió la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y la Constitución, y estableció una dictadura. ¿Deberían estas personas, y sus organizaciones, ser financiadas con los dólares que los ciudadanos pagan en impuestos? ¿Es esta la función apropiada del Fondo Nacional para la Democracia? Estas son algunas preguntas que el Congreso debería preguntarse. Yo creo que la mayoría de los americanos estarían en contra de tal financiamiento si tuvieran conocimiento de ello.
El Fondo Nacional para la Democracia está también financiando un grupo llamado Súmate que dirigió el proceso de recolección de firmas para el referendo del Presidente de Venezuela. Nosotros no permitimos el uso de financiamiento foráneo en las campañas electorales de los Estado Unidos. Claramente, nosotros no deberíamos insistir en violar las leyes de otros países, y su soberanía y democracia, en modos que nosotros no permitiríamos aquí.
Nuestro gobierno también socava la democracia en Venezuela al desconsiderar el orden de la ley en ese país, y estimular a la oposición a hacer lo mismo. Debe recordarse que la Administración de Bush unilateralmente en el hemisferio, inicialmente apoyó el golpe militar en abril de 2002. Hubo fuertes evidencias circunstanciales de que nuestro gobierno dió aprobación previa o posiblemente aún más apoyo, además del creciente financiamiento del Fondo Nacional para la Democracia destinado a grupos de la oposición en los meses anteriores al golpe. El Senador Dodd pidió una investigación y la oficina del Departamento de Estado del Inspector General encontró que "Las alertas (a la oposición) de no reconocimiento de un gobierno instaurado a través de un golpe, acciones económicas, y otras concretas acciones punitivas fueron muy pocas".
Pero la Administración no realizó intentos de reparar las relaciones con el gobierno electo después que este fue restaurado en el poder. Más bien llegó a tácitamente aprobar la huelga petrolera -a pesar del hecho de que se preparaba para una guerra en el Medio Oriente que probablemente reduciría el suministro de petróleo en ese momento. En diciembre de 2002, la Casa Blanca apoyó la demanda inconstitucional de la oposición de llamar a elecciones adelantadas.
Más recientemente, la Administración ha hecho una serie de pronunciamientos que han estimulado a la oposición a no respetar los procesos constitucionales. Antes de que los resultados de la recolección de firmas fueran decididos el mes pasado Roger F. Noriega, asistente del Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que "el número requisito de personas que apoyaban la solicitud (para llamar a referendo) se había alcanzado" y advirtió sobre "horrendas consecuencias" si el Consejo Nacional Electoral Venezolano no arribaba a la misma conclusión.
Estas son señales muy poderosas para una oposición que claramente tiene dentro de su liderazgo sectores fuertemente antidemocráticos. Aunque el centro del debate aquí es el gobierno de Venezuela como amenaza a la democracia, es valioso recordar que la oposición sólo acordó en mayo del 2003 intentar una estrategia electoral, después de haber agotado todos los medios extralegales para derrocar al gobierno, incluyendo un golpe militar y varias huelgas petroleras.
Los más poderosos líderes de la oposición no han expresado ningún arrepentimiento por tales estrategias, sino por el contrario, han seguido diciendo abiertamente que ellos sólo respetarían los resultados del proceso de referéndum, si ellos ganaban. De manera contrastante, el gobierno ha mantenido en forma consistente que respetaría los resultados y eso ha hecho.
Un reportero de Los Angeles Times entrevistó a una de las encuestadoras más respetadas del país, la firma Datanálisis, en la persona de José Antonio Gil. Las encuestas de la firma son citadas con frecuencia por la prensa de los Estados Unidos. De acuerdo con Los Angeles Times, Gil expresó "veo solo un modo para salir de la crisis política que rodea al Presidente Hugo Chávez". "El tiene que ser asesinado," afirmó, afincando su dedo en el escritorio... "Él tiene que ser asesinado."
Es difícil imaginar una oposición de este tipo en los Estado Unidos -ellos serían probablemente "terroristas" aquí- pero esta es la gente con quienes nuestro gobierno se ha alineado. Es también difícil concebir unos medios de comunicación como los venezolanos, si ustedes nunca los han visto. Imaginen si ABC, NBC, CBS, CNN, Fox News y los canales de cable, USA Today y la mayoría de los principales periódicos, así como también la mayor parte de la radio, todos controlados en términos de su contenido diario por los mas fieros oponentes del gobierno. Ellos también han abandonado las normas del periodismo moderno, llegando convertirse en órganos de un movimiento para deslegitimizar al gobierno. Hace dos meses una de los periódicos más influyentes de Venezuela uso una versión manipulada de un artículo del New York Times para alegar que el gobierno de Chávez estaba implicado en los bombardeos terroristas de Madrid. Pero los medios nunca han sido censurados por el gobierno de Chávez.
Otros argumentos han sido presentados para mostrar que el gobierno de Chávez es anti-democrático, pero ellos no han sido convincentes. Claramente Venezuela no es como Cuba, aunque el Sr. Chávez tiene de hecho relaciones amistosas con Fidel Castro. No está claro por que esto debería ser una razón para tan malas relaciones con los Estados Unidos. El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y su partido tienen relaciones más profundas y más largas con Castro y Cuba. La administración de Bush y de Brasil han acordado no estar de acuerdo sobre este asunto, y esto parece ser el final de la disputa.
Más recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley permitiendo al gobierno agregar doce nuevos jueces a la Corte Suprema, que en la actualidad tiene 20 jueces. Esto ciertamente alteraría el balance en la Corte a favor del gobierno. Pero esta es una Corte Suprema que decidió que las personas que llevaron el golpe militar no pudieran ser enjuiciadas. En los Estados Unidos estoy bien seguro de que nuestro Congreso usaría su poder para destituir una Corte Suprema que tomara tal decisión. Y, por supuesto, el sistema judicial nunca ha sido independiente en Venezuela, tanto menos bajo gobiernos previos que en la actualidad. El gobierno no avanzará mucho en esta dirección siempre y cuando el país se mantenga profundamente polarizado.
Esta polarización es un problema muy serio, y por supuesto Chávez es una figura polarizante que ha contribuido al problema. Pero el Congreso de Estados Unidos no debería empeorar la situación al permitirle a nuestro gobierno parcializarse. Nosotros deberíamos normalizar nuestras relaciones con Venezuela, que es una democracia y que nunca ha presentado una amenaza a la seguridad de los Estado Unidos; el gobierno Venezolano se ha acercado nuestro gobierno varios veces desde el golpe, solo para ser rechazado. El primer paso para normalizar las relaciones sería suspender el financiamiento al esfuerzo del revocatorio y a aquellos quienes han participado en un golpe militar contra el gobierno electo de Venezuela.
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