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Una sentencia de un tribunal de arbitraje comercial internacional de Londres determinó el 1 de julio que el Estado ecuatoriano debe devolver 75 millones de dólares a la compañía petrolera estadounidense Occidental, retenidos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ecuador tiene hasta el 11 de agosto para apelar el laudo. Según activistas y funcionarios, el arbitraje fue planteado por Washington como una de las condiciones del tratado de libre comercio que discute con Ecuador. El fallo se inscribe en una sucesión de solicitudes similares de empresas extranjeras que explotan crudo en este país andino, afirmaron Cecilia Chérrez, de Acción Ecológica de Ecuador, Esperanza Martínez, de la red Oilwatch, Sara Larraín, coordinadora del programa Cono Sur Sustentable, entre otros activistas y organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con la ley ecuatoriana, los exportadores tienen derecho a reclamar la devolución del IVA pagado por la adquisición de insumos que se incorporen a los productos manufacturados que exporten. Las compañías aseguran que la producción de petróleo requiere de un proceso de tratamiento del crudo antes de venderlo y que, por tanto, el IVA pagado en la compra de esos insumos debería ser devuelto.

Activistas y la propia presidenta del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, Elsa de Mena, aducen que el petróleo es un recurso natural, no un producto manufacturado. Gran parte de las facturas presentadas por Occidental, son por pagos de cenas, actuaciones de grupos artísticos, compras de pelotas de tenis y voleibol, mármoles para baños y hasta compra de mascotas.

Los activistas aseguran que Estados Unidos presionó para llevar el asunto a un arbitraje internacional y pretende hacer lo mismo en otros casos. Al respecto, el ex canciller ecuatoriano Heinz Moeller aseguró a la prensa que había aceptado el arbitraje, pues de lo contrario Estados Unidos eliminaría a Ecuador del Tratado de Preferencias Arancelarias, que establece un acceso privilegiado a su mercado para productos de naciones andinas que luchan contra el narcotráfico.

”A Ecuador se le exige que acepte arbitrajes internacionales como la mejor manera de resolución de controversias, lo cual implica renunciar a la soberanía jurídica y someterse a tribunales comerciales, que responden a intereses privados y buscan dejar en la impunidad los daños ambientales, económicos y sociales que las petroleras dejan a su paso por nuestros países”, dijo Chérrez.

La petrolera española Repsol-YPF también reclamó un arbitraje por la devolución de 15 millones de dólares. Y la estadounidense ChevronTexaco amenaza con recurrir a un tribunal internacional si un proceso en su contra por daños ambientales provocados en la Amazonia acaba ordenándole que indemnice a la población afectada.

La petrolera anunció que si pierde ese juicio recurrirá a un tribunal internacional para que decida si el pago por los daños le corresponde o debería ser efectuado por la empresa estatal Petroecuador, que actuó como asociada. ”El arbitraje ha sido manejado como una de las condiciones dentro de las negociaciones que se llevan a cabo para establecer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Ecuador”, afirmó Chérrez

”La negociación (que abarca a) Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú, ha hecho bastante visibles las intenciones que se ocultan detrás de las ofertas comerciales” de Washington, aseguró. Otras petroleras también están a punto de interponer pedidos de arbitrajes contra Ecuador por la devolución del IVA en montos que, según el SRI, sobrepasan los 250 millones de dólares.

Activistas y organizaciones no gubernamentales aprovecharon el ámbito del FSA, que se desarrolla entre el domingo y este viernes, para denunciar que este tipo de condiciones demuestra cuál es el futuro de los países que firmen tratados comerciales con Estados Unidos.

Los arbitrajes figuran en los proyectos que negocian las tres naciones andinas con Washington. La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney, dijo a la prensa que no se alcanzaría la firma si no se resolvían previamente todos los conflictos con empresas petroleras de su país. Esta exigencia es una de las condiciones del capítulo ”derecho de inversionistas” en los tratados bilaterales.

”En Colombia, los condicionamientos vienen erosionando su sistema jurídico con el fin de favorecer a empresas estadounidenses responsables de graves impactos ambientales y sociales. Algo similar sucede en Chile después del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”, aseguró el activista Hildebrando Vélez, de la filial colombiana de Amigos la Tierra.

”Estados Unidos no ha firmado ningún tratado internacional que lo obligue a asumir responsabilidades ambientales o con los derechos de los pueblos ancestrales”, sostuvo Larraín. Los tratados comerciales ”constituyen mecanismos de imposición de las débiles normas de ese país, haciendo desaparecer las nuestras”, concluyó la ecologista chilena.

IPS- alia2/Quito