La sede de la Universidad Bolivariana de Maracaibo sirvió como escenario para la primera discusión regional del proyecto de la Carta Social de las Américas, con participación de delegaciones de organización es sociales, sindicales, gremiales, campesinas, culturales y de los gobiernos regionales y estadales de Falcón, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Lara.

Dos proyectos, uno del Parlamento Latinoamericano y otro del Ministerio de Salud fueron puestos en debate, surgiendo en seis mesas de trabajo una serie de sugerencias de parte de centenares de participantes del foro.

Osorio, en la inauguración del taller, explicó que esta Carta surgió por la necesidad de tener otra herramienta -diferente a la Carta Democrática Interamericana- que sólo incluye el aspecto económico y político de los derechos de los pueblos: “la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene que asumir una herramienta que refleje los sentimientos de los pueblos”, señaló.

A través de estas discusiones, dijo, “queremos que el proyecto se enriquezca, y este taller es para la formación de una herramienta que quizá puede tardar años para su discusión y aprobación, pero que la participación de los pueblos presionará para su pronta realización”.

La ministra del Ambiente explicó rápidamente los capítulos que conforman el proyecto de la Carta: Derechos humanos, sociales, a la vida digna, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la familia, “que debe estar en plural, porque hay varios tipos de familia”. Resaltó que el género también debe ser tomado en cuenta, así como se hizo en la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Osorio indicó que los Derechos sociales comunitarios serán la “nueva frontera de los Derechos Humanos, ya que no son una perspectiva individual sino comunitaria, de manera que los pueblos puedan ser protagonistas colectivos de su desarrollo”, dijo.

Destacó que es a través del Derecho a la identidad político-territorial que los pueblos asumen su derecho a ser reconocidos por su singularidad, mientras que el Derecho a la propiedad del suelo como patrimonio colectivo -calificado de “fundamental” por Ana Elisa Osorio- supone un freno a la tendencia actual de la privatización del agua en los países del continente.

La ministra indicó que con el Derecho a la Organización y Participación Social es que la democracia participativa quedará establecida en todos los países, para que los pueblos -incluso el de Estados Unidos- tengan derecho a decidir sobre el destino de sus vidas.

La economía justa está contemplada en el Derecho a la Economía General y a la Economía Comunitaria, y en la gestión de desarrollo de proyectos por parte del pueblo. Asumir los Derechos Culturales significa un reconocimiento a la multiculturalidad en todas las sociedades de América.

Osorio afirmó que el Derecho a la Identidad Cultural lo reivindica como patrimonio de la humanidad y el Derecho a la Cultura Universal permite que las diferentes creaciones culturales tengan espacio y que no sean vistas como mercancías.

La Ministra finalizó su intervención haciendo referencia al Derecho de los Creadores Populares, que tiene el fin de dar cabida a ambientes productivos y el Derecho a la Ciencia y la Tecnología, pieza clave para asegurar la igualdad en el acceso a ellas.

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