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La controversia sobre el cálculo de las utilidades cambiarias del Banco Central de Venezuela, que ha generado una vorágine entre el emisor, el ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) pica y se extiende.

Mientras algunos funcionarios asoman una venidera y pronta solución otros dicen que todo será dirimido en el Tribunal Supremo de Justicia, ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre las partes involucradas en el espinoso tema que, extrañamente, se ventila hasta en los medios de comunicación.

Lo cierto es que ya durante largas semanas el tema ha sido asunto de debate público entre varios funcionarios de alto rango mientras a los mercados y analistas les preocupa que se vulnere la autonomía del instituto emisor, entre otros puntos como el impacto en la economía de más torrente de recursos.

El gobierno y el Banco Central de Venezuela están en abierto conflicto desde que el presidente Hugo Chávez  acusó en octubre al instituto emisor de retener ilegalmente las ganancias que obtuvo por la operaciones de compra-venta de divisas en el primer semestre del 2004.

El directorio del Banco Central rechazó inmediatamente la acusación y aseveró que ya había entregado al Fisco Nacional ganancias por 1,5 billones de bolívares (781,25 millones de dólares), que según sus cálculos es todo lo que corresponde al diferencial entre el precio de compra y venta de las divisas en los primeros seis meses del año.

El gobierno, sobre la base de un informe de la Superintendencia de Bancos, sostiene que el Banco Central debe dar al Fisco 3,1 billones de bolívares (1.615 millones de dólares) por las ganancias que arrojaron las divisas que administró entre enero y junio de este año.

¿Aqui mando yo?

En medio de las diferencias numéricas, el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, dejo casi por sentado hace pocos días que la decisión final está bajo su tutela.

"Quisiera puntualizar esto: nosotros no tenemos ninguna discusión con el Central, nosotros estamos esperando que la Superintendencia de Bancos cumpla con lo que la Ley le encomienda que es dar un informe definitivo sobre la inspección que realizó en relación a los resultados del primer semestre de 2004", sentenció sobre el informe a cargo del organismo supervisor del sistema financiero (Sudeban), que capitanea Trino Alcides Díaz.

"A partir de ese informe y sin que esto se haya formalizado, el Superintendente de Bancos ha estado dando una serie de declaraciones, ha tenido una serie de reuniones con el Banco Central que entendemos se refiere a una revisión o a un análisis más en detalle de esa inspección", agregó Nóbrega.

El funcionario expresó que el poder Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas estaban preocupados por el tiempo que ha dilatado el análisis definitivo por parte de la Superintendencia y que esperaba "que muy pronto remita a Finanzas una versión definitiva sobre esa inspección y sus resultados y a partir de allí el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas, tomará las acciones que corresponda".

El oro de la disputa

Días antes, un directivo del Banco Central había dicho que no esperaba un pronto acuerdo con el gobierno sobre el tema. Domingo Maza Zavala indicó que no vislumbra acuerdos "en este momento" pero se mostró confiado en que se alcanzaran para evitar la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, como amenazó Chávez. "La Superintendencia de Bancos tiene su manera de entender el manejo de las cifras y nosotros tenemos una manera propia también perfectamente avalada por los organismos internacionales, por autoridades competentes en la materia", declaró a la prensa.

Maza dijo que además de diferencias entre los principios contables usados para el cálculo de esas ganancias, también hay discrepancias en cuanto a los beneficios de las reservas de oro que tiene el Banco Central. A su juicio el oro no genera beneficios hasta que no es vendido y afirmó que en el caso de las reservas que posee el BCV no está contemplado negociarlas.

"El oro no puede ser a mi juicio muy personal y profesional un generador de beneficios, por consiguiente, yo creo que esta polémica en ese sentido no está bien planteada", dijo. Por su parte, el Superintendente dijo que la mayoría de lo reclamado corresponde a utilidades cambiarias sobre las reservas en oro que el BCV no incluyó en sus cálculos.

¿Guarimba monetaria?

El director ejecutivo del Consejo Superior Bancario, José Gregorio Piña, explicó en un amplio estudio el tema y tras varias consideraciones aseveró que "la ley del BCV es clara al señalar que las ganancias recaudadas, de cualquier naturaleza, deben entregarse a la Tesorería Nacional".

"La recaudación de ganancias crea una obligación ineludible del BCV para con el Fisco, y no deben mimetizarse los efectos de esa recaudación con una política discrecional de inversión temporal de los activos externos que componen las Reservas Internacionales", añadió.

A su juicio -expresado en un documento encontrado en la pagina web del ministerio de Finanzas- de ninguna manera existe una pretensión espuria por parte del Ejecutivo Nacional de forjar un monto indebido de utilidades cambiarias sobre falsas premisas o hechos ficticios, y que la eventual magnitud resultante de las utilidades cambiarias del BCV, juzgadas al momento actual, tan sólo son el resultado de la naturaleza y cuantía de las operaciones del Banco, de la alta apreciación de las divisas y, muy especialmente, de los montos acumulados en el ente emisor por concepto de utilidades cambiarias ya recaudas y no declaradas.

Afirma que "por otra parte, en relación con la prejuiciosa expresión según la cual los bancos centrales «evitan entregar esas ganancias cambiarias, porque consideran que los gobiernos no son los más indicados para administrar ese dinero», nos vemos obligados a expresar que tal afirmación no es cierta, a la luz del examen de las leyes y estados financieros de muchos bancos centrales de la región y del mundo, y que, por otra parte, colide con la Constitución, así como con la propia Ley del BCV, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público".

Piña agrega que "en la interpretación literal de la frase, su significado equivale a que, por ejemplo, un deudor se niegue a entregar a su acreedor la suma adeudada y ya de plazo vencido, con el pretexto de que su acreedor hará una mala administración del dinero que reciba. Es decir, se propone una «guarimba» monetaria".

Publicado en Quantum N.42