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Desconcertados por la fuerte reacción de Perú ante revelaciones sobre ventas ilegales de armas a Ecuador en 1995, las autoridades chilenas tienden hoy a atribuir la crisis a factores de política interna del vecino país.

El rechazo peruano a la propuesta de diálogo -en el marco del mecanismo “dos más dos”- para superar el impasse diplomático sorprendió anoche a La Moneda, que espera en las próximas horas un informe de su embajador en Lima, Juan Pablo Lira.

El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, dijo anoche tras una reunión en el Congreso que el conflicto es “artificial y basado en las declaraciones de un general prófugo de la justicia, que no aporta nada nuevo al conflicto mediático que se desató en 1995”.

“Seguimos sin entender esta reacción del gobierno peruano y tendremos que evaluarla”, afirmó tras recordar que el mecanismo de entendimiento rechazado ahora por Perú fue creado precisamente para superar este tipo de crisis.

A la hora de explicar la reacción limeña, fuentes de La Moneda concluyen que la arremetida peruana por un tema que aparentemente estaba zanjado y cerrado desde 1995 tuvo su génesis en los problemas políticos internos que enfrenta el Presidente Alejandro Toledo.

Lo que sirve de sustento a esta tesis es la coincidencia entre el fuerte reclamo de Lima y los cuestionamientos a Toledo por las supuestas irregularidades en la recolección de firmas para constituir su partido “Perú Posible”, muchas de las cuales serían falsas.

Lo que no acaban de entender las autoridades de Santiago es por que las declaraciones del ex general ecuatoriano Víctor Bayas desde la clandestinidad lograron revivir un hecho que tanto Perú como Chile habían dado por cerrado hace 10 años.

Destacan en tal sentido que Perú no reaccionó igual cuando desde Buenos Aires se reveló una exportación de fusiles a Quito, que fue lo que precisamente desató el escándalo de corrupción que tiene actualmente prófugo al general (r) Bayas.

Pero dentro de las hipótesis comienza a surgir también con fuerza que se trate de una maniobra “de alguien” interesado en bloquear la elección del ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza, a la Secretaría General de la OEA.

Los defensores de esta teoría llaman la atención de que el escándalo haya estallado a poco más de dos semanas de las elecciones en el órgano hemisférico y cuando el candidato de Santiago tenía muchas posibilidades de ser elegido como resultado de un consenso regional.

Se recuerda que Insulza fue canciller del gobierno de Eduardo Frei al momento de la presunta venta de armas, y tuvo un papel activo en las gestiones de paz como garante del Protocolo de Río de Janeiro suscrito en 1942, que fijó los límites fronterizos entre Perú y Ecuador.

La sospecha fue enarbolada entre las hipótesis manejadas anoche por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, en la reunión con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y dio lugar a reuniones de análisis en La Moneda para evaluar eventuales efectos.

Ante esta perspectiva, se afirma que el Gobierno optó por reaccionar inmediatamente y envió mensajes a Lima sobre la inconveniencia de vincular la controversia de las armas con la postulación de Insulza.

“Se ha hecho saber que existe especial preocupación por no involucrar a Insulza en el conflicto”, dijo un alto personero que conoce de cerca las gestiones, según destaca un medio de prensa local.

El conflicto, por otra parte, tiene lugar cuando las autoridades chilenas estaban a punto de concluir un ventajoso tratado de libre comercio con Perú, que figuraba, junto a la candidatura de la OEA, como dos de las mayores prioridades de la política exterior de Santiago.

Para mayor desventura de la diplomacia chilena, el presidente boliviano, Carlos Mesa, hizo ayer fuertes críticas a Chile por su falta de voluntad para negociar la reivindicación boliviana para una salida soberana al mar.

En todo caso, cualquier sea el desenlace de este impasse con Perú, la diplomacia chilena ha sufrido un fuerte golpe en un momento particularmente crítico, y en un año de elecciones presidenciales.

PL