La monumental arbitrariedad persigue desmantelar definitivamente el contrato social que hizo notorio a ese país por su relativa estabilidad y bienestar en el contexto latinoamericano. No es casual que pudiera evadir el conflicto armado extendido en Centroamérica hasta principios de los años 90.

El Movimiento Patriótico por el No al TLC ha dicho que esperará el conteo de los votos y una consulta con los Comités Patrióticos de Provincia antes de hacer un pronunciamiento definitivo. Advirtió de la compra de sufragios y llamó a que se le entregaran las denuncias de irregularidades: manipulación ilegal de la boletas, actos de intimidación a sus partidarios, exclusión de sus veedores en mesas de votación y el impedimento de entrada al país de observadores de los movimientos sociales. Pero sería ingenuo esperar que aquéllas sean investigadas y resueltas con apego a la ley, vistos la arrogancia y el desaliño con que desde un inicio se ha manejado este proceso por el poder y sus groseras violaciones a la normatividad del referendo justo en las 72 horas de la llamada «tregua electoral».

La opción del NO se asienta en bases sociales muy sólidas. Tiene su inicio desde 2000 en la luchas de masas para impedir la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad. Experimentó un gran impulso después de la negociación hace tres años del TLC en Washington a espaldas de la población.

Cuando conocieron el texto del convenio, académicos, activistas sociales e intelectuales divulgaron el escandaloso entreguismo al imperio y las onerosas desventajas que entrañaba para Costa Rica. A partir de allí se articuló en rechazo al acuerdo el movimiento de masas más diverso, combativo y heterogéneo de la historia nacional.

Creció paulatina, pero firmemente, a contrapelo del silencio mediático a sus argumentos y de una multimillonaria campaña de intimidación del electorado que utilizó a fondo los inmensos recursos de control ideológico, cultural y de coerción del sistema dominante.

Según diversas encuestas de opinión, los votantes en favor del no, que eran menos de 30 por ciento en diciembre de 2006, ascendían el pasado 4 de octubre, tres días antes del referendo, a 55 por ciento –12 puntos por encima del sí–, dato confirmado en un sondeo encargado por el ultraneoliberal diario La Nación.

En esas 72 horas, cuando estaba prohibido hacer propaganda por cualquiera de las dos alternativas, La Nación y sus congéneres difundieron a bombo y platillo declaraciones de Susan Schawb, encargada de negociaciones comerciales del bushismo, en que amenazaba con privar a Costa Rica de las preferencias arancelarias provistas por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y negaba la posibilidad de cualquier renegociación del TLC si era rechazado.

Publicaban también una entrevista del líder de la Cámara de Comercio arguyendo que de ganar el no colapsaría la industria textil local. Paralelamente, ocultaban insistentes pronunciamientos de los líderes parlamentarios y otros legisladores del Partido Demócrata desautorizando a Schawb, puntualizando que es el Congreso, y no la presidencia de Estados Unidos, el que tiene la autoridad sobre temas comerciales, y que Costa Rica no corría ninguno de los riesgos anunciados por la funcionaria del emperador. Ante estas graves trasgresiones legales, el Tribunal Electoral ni siquiera abrió la boca, excepto para felicitarse por la “ejemplaridad” del proceso.

Dije en este espacio que lograr el referendo era una gran victoria de los opositores al tratado y también “ganen o pierdan en las urnas, Washington y su acólito Arias no cejarán en sus intenciones de sometimiento de Costa Rica, por lo que después de la consulta será aún más necesaria la actuación en el país de la formidable agrupación patriótica ciudadana surgida de la oposición al TLC”.

El desafío ahora para el movimiento por el NO es salvar la soberanía patria y sus objetivos antineoliberales con la voluntad inquebrantable de derrotar en una inteligente y audaz resistencia pacífica el resultado espurio del referendo.

Talento y fuerza popular tiene para lograrlo.