Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó a la empresa Mariscal la impresión de 82 millones de papeletas, que servirán para las elecciones del próximo 26 de abril y que significaron un ahorro para el país 4.2 millones de dólares, el monopolio de impresión del Instituto Geográfico Militar (IGM) terminó.

Según el vocal del CNE, Fausto Camacho, la impresión de las papeletas en el IGM era un monopolio, porque no competía con otras empresas y arbitrariamente establecía un precio totalmente encarecido, lo cual denotaba la comodidad de las anteriores autoridades del ex- Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incluso de las Fuerzas Armadas, para adjudicar dichos contratos: “El mecanismo de Contratación Pública permitió que el CNE transparente el proceso. Por ejemplo, en la elaboración de papeletas se ahorró más de 4 millones de dólares; en los kits electorales, un millón de dólares; y en los documentos electorales, cuatrocientos mil dólares. De los 93 millones de dólares del presupuesto destinado para las elecciones, cerca de 10 millones ya han sido ahorrados”, dijo Camacho.

El vocal del CNE garantiza que el proceso de impresión de las papeletas y las elecciones en general cumplirá con la seguridad democrática que necesita el país. Según Camacho, la imprenta Mariscal ofrece las mismas e incluso mayores seguridades que el IGM; sin embargo, quiso revelar las seguridades en la impresión de las papeletas por precaución, pero precisó que existen cinco, entre las que se encuentran microimpresiones y papeles con códigos de serie. Rechazó algunas informaciones públicas donde intentan demostrar que la imprenta ganadora no brindaría las seguridades respectivas y señaló que son solo especulaciones.

La responsabilidad pública

El IGM, según información pública, ha sido la empresa que ha impreso las papeletas de votación en la mayoría de elecciones populares, tanto así, que en las consultas de abril de 2007, en la elección de los asambleístas en septiembre de 2007 y en el referéndum aprobatorio de la Asamblea de septiembre de 2008, habrían ofrecido todos los servicios, es decir: impresión de papeletas, biombos, documentos electorales y urnas. Se calcula que son cientos de miles de dólares que esta imprenta habría obtenido por realizar estos trabajos, debido a que no existían regulaciones que impidan que sea solo el IGM el que imprima las papeletas; sobre todo el cuestionamiento está dado porque al ser una imprenta administrada por una institución pública, con fondos públicos, el IGM se haya dado el lujo de cobrar sendas cantidades de dinero al mismo Estado.

En un ensayo sobre la Administración Pública, Una Visión del Estado, escrito por José Castelazo, se señala que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado, convertida en función pública conjuntamente realizada por el gobierno y la sociedad a fin de organizar a la población en territorios predeterminados, llamados distritos, a objeto de que los ciudadanos decidan cómo y por quién desean ser gobernados. “La complejidad de todo proceso electoral requiere de una administración pulcra, eficiente, honesta y eficaz. Precisamente con visión de Estado, no solamente por el hecho de recibir recursos públicos, sino por los objetivos implícitos y explícitos alrededor de las elecciones: la estabilidad y la paz social” dice Castelazo. Hecho que la actual Constitución lo confirma en el Capítulo Cuarto, Régimen de Competencias del Estado, donde, entre otras cosas, consta: “El Estado tendrá competencias exclusivas sobre la administración de las empresas públicas nacionales”. Si este es el caso, ¿el IGM es una empresa pública o privada? Si es pública, ¿por qué realizó contratos de servicios con el mismo Estado? Si es privada, ¿por qué funciona como parte de una institución pública como las Fuerzas Armadas?

Según la página web del IGM, esta institución funciona bajo los preceptos legales emitidos tanto de la ley de Cartografía como del decreto 014 emitida en 1973, donde no específica detalles sobre los trabajos de impresión de papeletas, sino de especies valoradas. Sin embargo, entre otras cosas decreta: “Que el Instituto Geográfico Militar es una Entidad Estatal que está en plena capacidad de satisfacer las necesidades nacionales, no sólo en el aspecto cartográfico, sino en el de la elaboración de especies valoradas; que los nuevos equipos de reproducción que dispone y está recibiendo dicho Instituto, permiten realizar toda clase de trabajos en las artes gráficas; que el Instituto Geográfico Militar ya ha realizado en épocas anteriores la impresión de timbres, pese a no contar con las facilidades técnicas que hoy dispone; que el Instituto Geográfico Militar garantiza al Estado la impresión del número exacto, establecido para cada una de las especies valoradas, salvaguardando los intereses nacionales; que es deber de la Asamblea Nacional Constituyente velar por el desarrollo y tecnificación de la Producción Nacional”.

Al reconocer que el IGM es una entidad estatal, se supone que el accionista mayoritario o total es el Estado y no tendría porqué el IGM cobrar por los trabajos que realiza para el Estado, como el de la impresión de las papeletas y demás accesorios para las votaciones. Dentro de la reglamentación del decreto- Capitulo IV- De los Costos y Fondos- Art:21- se señala: “ El producto proveniente de los contratos celebrados, se depositará directamente en el Banco Central del Ecuador, en la Cuenta Especial denominada “Contratos de Impresión del Instituto Geográfico Militar”.

¿Quién explica sobre la administración de la imprenta del IGM? ¿Cuáles son las leyes que indiquen que una empresa pública debe cobrar al Estado por los trabajos que realice? ¿Qué dice el actual gobierno al respecto y en vez imprimir en su misma empresa se aprueba una Ley de Contratación Pública para intentar ’transparentar’ los procesos de contratación pública y entrega su obligación a la empresa privada?