La posición del régimen respecto al gremio más grande, importante e influyente del país, la Unión Nacional de Educadores, UNE, evidencia una contradicción ideológica en el Gobierno de Rafael Correa: el ministro de Educación, Raúl Vallejo, está equivocado al considerar a esta área dentro de la lógica del mercado; esta actitud no está en correspondencia con una tendencia democrática, progresista y patriótica.

En este sentido, varias son las voces que cuestionan el sistema de evaluación hacia los maestros que propone Raúl Vallejo: “El ministro ha transgredido la nueva Constitución al atribuirse funciones que no le corresponden ni le competen: quiere interpretar la Carta Magna, quiere legislar antes de tiempo y pretende ejecutarla a su antojo. La Constitución, en el Art. 346, es clara: se debe constituir una institución pública con autonomía, que ejecute un sistema de evaluación integral, interna y externa. Vallejo, en este aspecto, está siendo juez y parte al plantear el Acuerdo 025. La Constitución, en su Art. 349, plantea que el Estado garantiza al docente estabilidad, capacitación, actualización, formación y profesionalización continua, una remuneración justa, y establecerá un proceso de evaluación que la Ley lo debe de reglamentar”, manifiesta Mery Zamora, presidenta nacional de la UNE.

Sería interesante preguntarle al Ministro Raúl Vallejo si alguno de estos aspectos se ha cumplido.

“La evaluación tiene que tener un propósito positivo, que tienda a mejorar; esta evaluación del Ministerio es sancionadora, segregacionista, ¿por qué únicamente se la aplica a los maestros y no a otros profesionales que trabajan en el área pública? Pensar que los responsables son únicamente los maestros es algo ridículo. Esto tiende a abrir más la brecha entre padres y docentes; se tiene como propósito desprestigiar a los maestros ante la sociedad. La evaluación de valores en abstracto, los exámenes estandarizados, son juzgados inadecuados a nivel internacional, porque califican solo el resultado final y no el proceso integral, pedagógico y social”, asevera el analista Edgar Isch.

Desde el año 96, la UNE planteó en el ex Congreso Nacional una propuesta de educación con participación integral, que recogía principalmente la necesidad de establecer una contraloría social, donde, a través de un sistema de evaluación, todos los actores de la educación rindan cuentas y se pueda mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En el año 2008, en la Constitución de Montecristi, la UNE ratificó esta posición y, afortunadamente, existen algunos aspectos que la nueva Carta Magna recoge (Artículos 346 y 349). “Lo maestros queremos, debemos ser evaluados en todo nuestro trabajo y labor docente, en el aula y en la comunidad; y esta no es la evaluación que plantea Vallejo, el desempeño de un docente no se puede se medir únicamente mediante un test; la labor y el trabajo es diario, es un proceso continuo...”, señala Mery Zamora.

Ante el llamado obligatorio a las pruebas estandarizadas, la UNE se acoge al derecho que le otorga la Constitución, el Derecho a la Resistencia; por ello ha realizado movilizaciones masivas en todo el país en muestra de su rechazo ante este sistema de evaluación y para exigir que la educación esté en correspondencia con el sendero del cambio y el progreso que pregona el Gobierno de Correa: “La nueva educación debe tener una perspectiva histórica, que conciba a la calidad como una herramienta hacia la transformación social, como una herramienta que desarrolle un pensamiento libre y soberano; la calidad no debe ser concebida, como en la actualidad, como un sinónimo de calificación, de resultados inmediatos, cuyo objetivo son los intereses comerciales”, expresa Isch.

Los instrumentos de evaluación de las famosas pruebas estandarizadas pretenden homogenizar el pensamiento de los docentes; esta situación no está acorde con la realidad del docente, un ser dialéctico y en constante desarrollo intelectual: el maestro convive diariamente en el aula, con sus alumnos y alumnas, con su comunidad... “Nosotros hemos planteado que primero se realice una evaluación diagnóstica, que nos permita tener un punto de partida, y no lo que quiere Vallejo, que el resultado de estas pruebas sirvan para categorizar a los maestros: de primer, segundo, tercer y cuarto nivel; nosotros queremos lo mejores maestros para nuestros hijos, pero en condiciones adecuadas y dignas... Ahora se plantea que si un maestro saca un puntaje menor a 60 puntos de la prueba mecánica diseñada, recién lo van a capacitar, es decir, en un año pretenden resolver el problema que no lo han resuelto en más de 30 años de democracia representativa. Luego de esta ’capacitación’, se le dará otra oportunidad, para que se aprenda de forma memorística la prueba; si no pasa, es retirado, despedido. Una evaluación no puede tener como objetivo el despido (eso atenta contra nuestro derecho al trabajo) sino el mejoramiento. Mientras el Ministerio de Educación persista en esto, nosotros nos acogemos al Derecho de la Resistencia, garantizado en el Art. 98 de la Constitución, que expresa que cuando los individuos y los colectivos somos atentados en nuestras garantías constitucionales tenemos el derecho a reclamar, a alzar la voz”, manifiesta Mery Zamora

En este contexto, la UNE ha presentado sus argumentos del porqué se opone a las evaluaciones estandarizadas, tal y como están planteadas, ante la Defensoría del Pueblo, las Direcciones de Educación Provincial, el Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República. “La evaluación debe ser integral, científica, democrática, sistemática y formativa; la evaluación no debe ser sancionadora ni parcial ni discriminatoria, como ocurre en este caso”, sostiene Edgar Isch.

No es un misterio que tras este mecanismo de evaluación, se esconde un claro objetivo político: tratar de deshacerse de los docentes dignos, con una posición política crítica, de izquierda, que educan y luchan por la Patria Nueva: “Vera Arrata quitó todas las cuotas sindicales a la UNE cuando fue ministro de educación, ahora Raúl Vallejo (también socialdemócrata) nos persigue y trata de dividirnos. El mismo presidente Rafael Correa dijo que iba a formar otra organización, a lo cual nosotros respondimos con un lema que sintetiza toda nuestra convicción ideológica: Soy maestro, soy de la UNE. Nosotros hemos ganado razón en demostrar que Vallejo está equivocado en plantear este tipo de evaluación. La educación no debe ofertar un servicio, no es un negocio, ese no es el fin. Los maestros no somos obreros explotados: los padres de familia, los estudiantes, las autoridades competentes deben se parte del proceso de evaluación”, señala Mery Zamora.

Como todo el sistema, la educación neoliberal también está en crisis; elementos como la privatización y la municipalización no son compatibles con la realidad de la educación. “El error del ministro Vallejo es señalar que la problemática de la educación está en la gerencia, en los administradores del área, y señalar a los docentes como los responsables directos. En este aspecto, es necesario hacer un auto examen respecto a cuáles son las carencias y las incompetencias del actual Ministerio de Educación: entre otras falencias, existe un fuerte incumplimiento a los derechos de los niños y niñas, hacia los derechos de los docentes y de los padres de familia, que son partícipes del sistema educativo; otro problema es entender al sistema educativo como un factor externo al conjunto social e integral de la comunidad; no existe un proyecto educativo que se inscriba en los objetivos de qué país queremos, que nos oriente hacia qué clase de formación necesitamos”, asevera Isch.

Educar al margen de los esquemas:

La evaluación educativa neoliberal daña a la educación y lastima a las personas

(Extracto de la declaración de la Jornada Continental por una Evaluación Científica, Pedagógica, Democrica y Formativa, realizada en México, en febrero de este año).

Más de cincuenta delegados y delegadas de organizaciones magisteriales, estudiantiles, jóvenes excluidos y excluidas del sistema de educación superior y otros, nos hemos reunido en la ciudad de México D. F, para analizar la evaluación estandarizada en la educación. La convocatoria de la Red de Investigación de la Red SEPA (Red social en Defensa la Educación Pública en las Américas).

Hemos llegado desde 13 países y de organismos gremiales y de investigación del continente, preocupados del retraso que nuestros países tienen en dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros pueblos. La mayor parte de lo realizado en educación por los gobiernos en estas décadas, se ha impuesto desde organismos financieros internacionales a partir de una perspectiva neoliberal. Ahora, en medio de la crisis del sistema capitalista, se vuelve incuestionable que el mercado no resuelve los problemas sociales sino que los agudiza y que la educación y demás derechos humanos no son una mercancía.

Sin embargo, los grandes financieros internacionales y sus gobiernos se empeñan en reforzar las políticas neoliberales en la educación, en nuestro continente. Una de ellas, es la aplicación de esquemas de evaluación realizados a partir de lo que necesita el aparato productivo, imponiendo de hecho un currículo y una forma de enseñar que no garantizan calidad sino memorización y un pragmatismo alejado de los principios y valores educativos. Ratificamos que queremos una educación formadora de seres humanos integrales y no una educación que forme mano de obra barata al servicio de la acumulación del capital en crisis.

El análisis de informes de cada uno de nuestros países y de estudios más amplios, nos permite señalar que la evaluación educativa bajo los parámetros neoliberales no es útil para nuestros pueblos ni nuestros sistemas educativos y que, los efectos negativos, son tanto más perjudiciales cuanto más se haya mantenido al magisterio, a las comunidades de padres de familia y estudiantes al margen del debate de las políticas educativas.

La evaluación estandarizada se basa en desconocer las diversidades culturales, étnicas, de género y sociales de nuestros pueblos y resulta en un absurdo porque las ciencias de la educación enseñan que la evaluación educativa solo puede ser llevada adelante en el contexto propio del proceso de enseñanza - aprendizaje. No esperamos ni queremos estudiantes convertidos y convertidas en “productos” estandarizados, sino seres enriquecidos por la educación y convertidos en individualidades poderosas puestas al servicio de la sociedad a la que se pertenecen.

Como si esto fuera poco, la evaluación estandarizada confunde indicadores que solo se refieren a conocimientos, con los componentes de calidad educativa largamente estudiados: infraestructura, pertinencia curricular, formación docente, condiciones de trabajo de estudiantes y docentes, alimentación y condiciones de vida. Pretender ocultar esto con respuestas personales, lleva al abandono de la educación pública y sobre todo, busca criminalizar a los y las docentes como si en ellos estuviese la responsabilidad de las políticas educativas de gobiernos que han burlado las esperanzas de sus pueblos.

El resultado de estas pruebas, en ningún país, ha sido una mejor educación; por el contrario, la reduce a prepararse para las evaluaciones, una y otra vez, dejando menos tiempo para las actividades verdaderamente educativas dirigidas a la formación integral de los estudiantes.

Similares consecuencias graves y perjudiciales, se presentan en ese manejo de la evaluación docente y sus daños al sistema educativo. La evaluación se presenta como una excusa en una línea continua de ataque a la educación pública y de desvalorización a la labor de maestros y maestras. Esto trata de evaluar socialmente al magisterio, genera una fuerte presión, conduce a romper la unidad entre docente y madres y padres de familia, destruye el principio de libertad de cátedra y pretende destruir la acción conjunta del cuerpo docente de un centro educativo.

En síntesis, ese tipo de evaluación es contraria a los derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho social, fundamental y condición para tener países democráticos. Por lo tanto, la educación, no puede ser condicionada, manipulado de manera segregacionista y, menos aún, reducido al derecho a presentarse a un examen. Es obligación de los Estado garantizar y promover ese derecho priorizando los presupuestos educativos y revalorizando a toda la comunidad educativa.