Mientras el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, celebraba su acelerada popularidad por los “golpes” perpetrados contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el juez primero de Garantías Penales de Sucumbíos- Ecuador, Daniel Méndez, dictó orden de prisión preventiva en el marco de la investigación por el ataque colombiano en Angostura. La reacción del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue inmediata, dijo que esta decisión de la justicia ecuatoriana es “un ataque contra Colombia. Es necesario defender al país y a los colombianos de la guerra política y jurídica que desde el interior del país y desde el exterior adelanta el terrorismo”. Para buen entendedor... pocas palabras, dice un dicho popular.

Para entender cuál es el alcance real de estas declaraciones partamos por recordar el dictamen judicial contra Juan Manuel Santos. La orden de prisión se basa en un presunto delito contra la vida porque, según información obtenida por la justicia ecuatoriana, el ex Ministro de Defensa de Colombia fue la persona que dirigió, coordinó y ordenó el operativo en Angostura. Así lo afirmó el fiscal de Sucumbios, Carlos Jimenez, quien dijo además que según la acusación, Santos atentó contra la vida de las 25 víctimas que murieron en la incursión colombiana en el campamento clandestino de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano. Como todos conocemos esta es la primera decisión legal de la justicia ecuatoriana contra las autoridades colombianas, que estuvo precedida por el rechazo político de los gobiernos sudamericanos a la incursión violenta sobre nuestro territorio. Pese a la falta de pruebas de las acusaciones del Gobierno colombiano respecto a que el régimen ecuatoriano tendría vinculaciones con las FARC, por la supuesta información recuperada de las ’misteriosas’ computadoras encontradas en el bombardeo, el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces dirigido por George Bush, apoyó a Bogotá bajo pretexto de "lucha contra el terrorismo". Apoyo que actualmente no ha sido el único, la policía internacional (Interpol) negó la difusión de la orden de prisión preventiva contra el ex ministro de Defensa de Colombia , Juan Manuel Santos, por su participación en el bombardeo de Angostura. Actitud que, según el Fiscal General de la Nación, Washigton Pesántez " es cierto que se puede negar la difusión cuando se trata de un caso político, militar, religioso o racial, pero este es un asunto estrictamente judicial", sostuvo.

Con este antecedente, Álvaro Uribe en sus declaraciones no solo que identifica a las FARC como terroristas a nivel local, sino que ahora sostiene que la guerrilla colombiana interfiere en la justicia extranjera, en este caso, la ecuatoriana. Y como respuesta al dictamen del juez Carlos Jiménez, el Gobierno colombiano retoma la acusación de que el Gobierno ecuatoriano tendría vinculaciones con las FARC y formula una demanda contra el jefe de Estado de Ecuador, Rafel Correa, en la fiscalía colombiana por presuntos nexos de su Gobierno con las FARC, demanda que además pretende internacionalizarse debido al pedido que realizaran a la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de “terrorismo internacional”. Muletilla perfecta que el gobierno de los Estados Unidos utiliza para sus invasiones a otros países, como la ocurrida en Irak, que ha dejado muerte y destrucción.

¿Quién es el terrorista?


Según el diccionario ideológico de la Real Academia Española, terrorismo es “la dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. ¿Cuál es la historia obscura de Álvaro Uribe? En el libro Biografía No Autorizada de Álvaro Uribe Vélez, de Joseph Contreras y Fernando Garavito, se explica claramente el lado obscuro del Jefe de Estado colombiano, que por la extensión de la investigación citaremos textualmente solo un extracto. Se refiere a las declaraciones del entonces Jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre el apoyo a la candidatura de Álvaro Uribe a la Presidencia de la República.

“La autoridad moral de Uribe Vélez la avala Carlos Castaño. En su libro Mi confesión (La Oveja Negra, 2001, página 177), el jefe paramilitar afirma que no lo conoce personalmente pero que “la base social de la Autodefensa lo considera su candidato presidencial”. “Ahí mi gente se equivoca”, sostiene Castaño. “Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas”. Está claro. Según un hombre que reconoce haber cometido algunos de los peores crímenes que se han cometido en Colombia en los últimos años, “Álvaro Uribe le conviene al país”. ¿Y por qué? Porque “en el fondo es el hombre más cercano a nuestra ideología”. En otra investigación publicada en la página web Rebelión titulado “Al menos 13.634 personas murieron por la violencia sociopolítica", donde se denunció que en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de una ONG revelado en la antesala del encuentro del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay, entre 2002 y diciembre de 2007 por lo menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate...” ¿Quien es el terrorista? ¿El Gobierno colombiano o ecuatoriano? Terrorismo: La muletilla perfecta de Álvaro Uribe.