El pasado 10 de junio, el diario Expreso publicó una investigación donde se denunció que Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, realizó contratos ilegales con el Estado por más de 80 millones de dólares. Además, que estas compañías estaban constituidas en un holding de empresas de papel en Panamá. Luego que Rafael Correa pidió a la Contraloría que estos contratos sean investigados, 50 auditores de esta institución de control determinaron que el monto de los contratos no eran solo de 80 millones, sino de más 167 millones de dólares.

Según la información publicada por la Contraloría General del Estado (CGE), en este caso se realizaron varios contratos y órdenes de trabajo, por ejemplo: Ministerio Vivienda (movimiento de tierras para el plan Socio Vivienda: USD 3 994 839), Min. Obras Públicas (reconstrucción de la vía Plan Milagro- Indanza: USD 15 458 157), Min. Obras Públicas (construcción del puente sobre el río Paute: USD 1 197 940), Min. Obras Públicas (Rehabilitación de la vía El Empalme-Celica: USD 11 541 265), PREDESUR (construcción del sifón Limones, en Zapotillo: USD 6 505 983) Petroecuador (limpieza ambiental de áreas operativas: USD 359 368) Petroecuador (alquiler de equipos para trabajos ambientales: USD 313 150) Petroecuador (limpieza de áreas operativas ambientales: USD 315 918) Petroecuador (alquiler de equipos camineros: USD 280 801,02). Petroecuador (alquiler de equipos para remediación ambiental: USD 313 150,32). En todos estos contratos y órdenes de trabajo aparecen las empresas donde Fabricio Correa era accionista, como Cosurca, Megamaq y Quality Outsourcing. Contratos que a decir del procurador del Estado, Diego García, bajo la simulación societaria se violó la Constitución en el artículo 62, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y el artículo 27 de la misma Ley, donde se impide a familiares del Presidente de la República que realicen contratos con el Estado. El 3 de septiembre el entonces encargado del Ministerio de Obras Públicas, ahora actual titular de esa cartera de Estado, David Ortiz, firmó la terminación unilateral de los contratos.

Esta investigación, que logró descubrir estas irregularidades en el Gobierno, fue el inicio de la pesadilla que ahora vive el Régimen por la serie de denuncias de corrupción que ahora el hermano mayor del Presidente realiza contra el denominado círculo ‘rosa’, donde estarían involucrados Ricardo Patiño, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. “Cada ladrón juzga por su condición. En el círculo ‘rosa’ hay cualquier cantidad de funcionarios que han cambiado su nivel de vida, cambian de casas, carros, construyen en pelucolandía, cambian hasta de esposas. Si quieren descubrir cuánto se han enriquecido quienes rodean al Jefe de Estado, debe volver sus ojos a la construcción del 4to Puente en Guayaquil o a los contratos con la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM). El Ecuador rumora cómo (Mera) hace tráfico de influencias y cómo coacciona a los jueces. Eso no lo digo yo, me lo denuncian todos los días”, indicó Fabricio Correa. Al respecto Ricardo Patiño, ministro Coordinador de la Política, aseguró que estas denuncias deberán explicarse, y además el por qué (Fabricio) tiene gusto por el color rosado. “Alexis Mera es un profesional muy competente en cualquier tema que se plantee”, dijo el funcionario de Estado. Hasta el cierre de esta edición Fabricio Correa acudió a la Fiscalía de la Nación para entregar una caja llena de documentos que comprobarían los posibles actos de corrupción en Carondelet. Lo raro es que pese a la exigencia del ministro Fiscal, Washigton Pesantez, para que el hermano mayor del Presidente acudiera a entregar las pruebas de supuestos actos de corrupción, no lo recibió, lo hizo el Fiscal Subrogante, Alfredo Alvear.

Denuncias de corrupción que deben ser investigadas

“Si el río suena… es porque piedras trae” es el dicho popular que podría utilizarse en la serie de denuncias de corrupción en funcionarios del Gobierno. Pese a que no han sido comprobadas, cada vez ponen en duda el prestigio del Régimen. Por ejemplo, las denuncias en contra de Carla Chávez, ex candidata a la alcaldía de Babahoyo, quien se habría beneficiado de algunos pagos del Consejo Provincial de Los Ríos por USD 600, las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas por parte del ex superintendente de Compañías, Francisco Arellano, las acusaciones de peculado, concusión y enriquecimiento ilícito en el pago de 135 millones de dólares de intereses correspondientes a bonos global 2030. Asimismo, la denuncia de empresa Chevron (ex Texaco) donde se difundió videos de un supuesto soborno por USD 3 millones y donde estarían involucrados personeros de la Presidencia de la República, el sobreprecio en la compra de ambulancias y el medicamento Taniflú, el sobreprecio en la compra de implementos de oficina en la Dirección Nacional de Tránsito. Sobre todo aquellas del supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, el incremento ostensible de los estados financieros de la empresa Creacional, donde el secretario General de la Presidencia, Vinicio Alvarado, sería accionista.

El país espera la veracidad de las denuncias de Fabricio Correa sobre los supuestos actos de corrupción en el Régimen, para definitivamente transparentar el discurso y hasta sacar del proyecto revolucionario a quienes estarían medrando del dinero público por el “ojo tuerto de Carondelet”.