Según el diario británico The Times, el gobierno de Boris Johnson está preparando un dispositivo ‎legislativo concebido para vigilar los actos de otros países frente a la Corona británica ‎‎ [1].‎

El objetivo primordial sería que toda persona que trabaje en suelo británico para otro Estado esté obligada a ‎declararlo oficialmente para no exponerse a ser llevada ante los tribunales. Al mismo tiempo, esa ‎legislación permitiría acciones judiciales contra toda persona que, desde ‎el exterior, realice alguna actividad informática que el Reino Unido decida considerar ilegal. ‎Actualmente, la ley británica de 1911 sobre los secretos oficiales (Official Secrets Act) ‎no se aplica a los extranjeros. ‎

El ex director del MI5, Andrew Parker, barón de Minsmere, acaba de ser nombrado ‎Lord Chambelán por la reina Isabel, convirtiéndose así en el segundo personaje de mayor ‎jerarquía de la Casa Real. En una comparecencia ante la Comisión de Inteligencia y Seguridad de ‎la Cámara de los Comunes, Parker había declarado en 2020 que, a la luz de la legislación ‎británica actual ser un espía extranjero no es un delito mientras la persona no sea descubierta en ‎un acto flagrante de espionaje. ‎

Ahora, el primer ministro Boris Johnson espera lograr la adopción de una ley sobre la traición que ‎prohibiría el acceso al territorio del Reino Unido a todo súbdito británico que trabaje para ‎otro país sin autorización del gobierno británico.

No está claro aún si esa disposición ‎se aplicaría tanto a las personas que sean remuneradas como a las que no perciban ‎remuneración. En todo caso, sí es seguro que ambas categorías de personas podrían ser ‎expulsadas de su propio país –el Reino Unido– ya que se partiría del principio que el gobierno ‎extranjero para el cual trabajan estaría obligado a acogerlas.‎

[1] “New powers to kick out spies from hostile states. Tougher laws promised as concerns mount ‎over Russia and China ”, Steven Swinford y Eleni Courea, The Times, 19 de abril de 2021.