Siria cuestiona el informe del Secretario ‎General de la ONU sobre Daesh

Por orden de mi Gobierno, quiero presentar a usted las observaciones que inspira a la República ‎Árabe Siria el 13er informe del Secretario General sobre la amenaza que representa el EIIL (Daesh) ‎‎ [1] para la paz y la seguridad internacionales y sobre la acción de la Organización de ‎las Naciones Unidas para ayudar los Estados Miembros a contrarrestar esa amenaza (S/2021/682).‎

Primero: A pesar de que la República Árabe Siria, país fundador de la Organización de las Naciones ‎Unidas, ha apoyado la acción de la Organización y sus instituciones especializadas para luchar ‎contra el terrorismo y rechazar la grave amenaza que este plantea para la paz y la seguridad ‎internacionales, [la República Árabe Siria] no ha recibido, hasta el día de hoy, ningún apoyo ‎claro, real ni concreto de la Organización en materia de lucha contra el terrorismo, en la que [la ‎República Árabe Siria] viene participando desde hace más de 10 años. ‎

Segundo: Si bien el Gobierno sirio sabe pertinentemente que las organizaciones terroristas ‎se aprovechan de la pandemia de coronavirus (Covid-19) a escala mundial para reorganizarse y ‎extender el campo de sus actividades terroristas, [el Gobierno sirio] considera que se trata de un ‎factor secundario. Esos grupos terroristas y las entidades e individuos a ellos asociados ‎no habrían podido perpetrar sus bárbaros crímenes si no tuviesen apoyo un financiero y logístico ‎constante y sin el envío de combatientes terroristas extranjeros y de mercenarios contratados ‎para luchar en Siria, en violación de las disposiciones de la Resolución 75/291 de la Asamblea ‎General, intitulada «Séptimo Examen de la Estrategia Antiterrorista Mundial de la Organización de ‎las Naciones Unidas», que menciona en su preámbulo «la terrible amenaza que siguen ‎representando los combatientes terroristas extranjeros, o sea individuos que viajan o que son ‎trasladados por vía aérea, terrestre o marítima a un Estado diferente a su Estado de residencia o ‎de nacionalidad para cometer […] actos de terrorismo». Desgraciadamente, ese factor primordial ‎no se aborda en el informe, lo cual no ayuda a revelar y tratar las causas reales de la ‎proliferación del terrorismo. ‎

Tercero: La persistencia de la ayuda, de la organización y del financiamiento que esos Estados ‎y regímenes aportan a grupos terroristas –algunos de los cuales, activos en Siria, son calificados ‎como «grupos armados moderados» o como «oposición armada siria»– constituye una ‎violación de la soberanía de un Estado Miembro [de la ONU] y una violación flagrante de las ‎resoluciones de la legalidad internacional. Los recientes intentos de esas organizaciones –el ‎Frente al-Nusra entre ellas– y de entidades asociadas a ellas –como los Cascos Blancos– por ‎reposicionarse y redorar su imagen no pueden esconder la realidad: esos grupos siguen siendo ‎organizaciones terroristas que deben su existencia a Estados que las utilizan para favorecer sus ‎propios intereses. ‎

Cuarto: Mi delegación rechaza categóricamente la referencia de los autores del informe, en el ‎párrafo 9, a las «autoridades locales de facto» en el noreste de la República Árabe Siria, ya que ‎esas llamadas «autoridades» son sólo milicias separatistas armadas respaldadas por las fuerzas ‎estadounidenses de ocupación. Constituyen un factor de inestabilidad en la región y un obstáculo ‎a la acción del Gobierno sirio a favor del restablecimiento de la seguridad y del Estado ‎de Derecho en ciertas partes del noreste del país, a los que se agregan las políticas de saqueo ‎de recursos y de modificación de las características económicas, sociales y demográficas de dicha ‎región. ‎

Quinto: El Gobierno sirio deplora el hecho que los autores del informe se feliciten, en el párrafo 62, ‎del plan de acción firmado entre la Representante Especial del Secretario General para la cuestión ‎de los niños y los conflictos armados y las «autoridades de facto» en el noreste del país, ‎lo cual constituye una violación del mandato de la Representante Especial, denota la existencia de ‎consideraciones políticas tendenciosas y representa una violación grave de la soberanía, la unidad ‎y la integridad territorial de la República Árabe Siria, que el Consejo de Seguridad reafirma en ‎todas sus resoluciones sobre el tema. El Gobierno sirio considera, por consiguiente, que ‎ese plan no tiene ningún valor jurídico. ‎

Sexto: El informe del Secretario General se limita a hacer sólo una breve mención y una ‎descripción somera del fenómeno de los combatientes de Daesh y de los miembros de ‎sus familias que se hallan retenidos en la República Árabe Siria y del peligro que esas personas ‎representan, mención que resulta muy insuficiente. Habría que solicitar firmemente a los Estados ‎Miembros cuyas nacionalidades portan estos terroristas que acepten que esos elementos regresen ‎a sus países o a sus lugares de residencia originales y que garanticen que estos tengan que ‎responder por sus actos. Habría que rechazar los pretextos que los Gobiernos de esos Estados ‎presentan para sustraerse a sus obligaciones jurídicas, y rechazar también toda medida o política ‎unilateral que pudiesen adoptar, como la revocación de la residencia o de la ciudadanía de esas ‎personas, lo cual sólo complica el problema en vez de resolverlo. Habría que llevar ‎esos Gobiernos a alcanzar un equilibrio, en el plano jurídico, entre la aplicación del principio de ‎responsabilidad y el hecho de iniciar juicios justos, por un lado, y el regreso y reintegración de ‎esas personas a la sociedad, por otra parte, respetando las reglas del derecho internacional y del ‎derecho humanitario internacional. ‎

Séptimo: Sobre los flujos de fondos destinados a los combatientes de Daesh y a sus familias en los ‎centros de detención que se hallan en suelo sirio, el informe del Secretario General no toma ‎en cuenta las importantes informaciones que mi país ha transmitido a los organismos ‎internacionales competentes sobre la participación de redes y de instituciones financieras turcas ‎en la facilitación de transferencias de fondos a organizaciones terroristas presentes en territorio ‎sirio desde hace muchos años. También hace silencio sobre el uso por parte de esas ‎organizaciones de fondos provenientes del saqueo y del contrabando de antigüedades y del ‎comercio ilegal con derivados del petróleo sirio que extraen de las zonas bajo su control, ‎‎[se silencian] sobre todo las actividades de la llamada Watad Petroleum Company, que la parte ‎turca considera agente exclusivo para energía y combustible en todas las zonas bajo control de ‎los terroristas en Idlib y sus alrededores y en otras zonas, en Afrin, Jarablos y Tall Abiad. ‎Esa compañía ingresa cada mes miles de millones de libras sirias que van a los fondos de la ‎organización terrorista Hayat Tahrir al-Cham y de facciones aliadas de al-Qaeda bajo el mando de ‎un tal «Jawlani». Precisiones al respecto aparecen en la nota verbal, fechada el 22 de junio ‎de 2021, de la Misión Permanente de la República Árabe Siria ante la ONU en Nueva York, nota ‎dirigida al Comité del Consejo de Seguridad conforme a lo previsto en las Resoluciones 1267 ‎‎(1999), 1989 (2011) y 2253 (2015).‎

Octavo: En el párrafo 30 del informe se menciona el arresto, en Alemania y Dinamarca, de ‎‎14 personas que estaban preparando ataques con explosivos químicos. Pero los autores del ‎informe no tienen en cuenta las numerosas cartas que el Gobierno sirio ha dirigido al Secretario ‎General, a la Presidencia del Consejo de Seguridad y a otros órganos competentes de la ‎Organización de las Naciones Unidas, describiendo la manera como grupos terroristas –como ‎Daesh, el Frente al-Nusra y otras organizaciones terroristas, como los Cascos Blancos– compran y ‎transportan productos químicos tóxicos que les son entregados por Turquía para utilizarlos en ‎ataques químicos contra civiles en Siria, para atribuir tales ataques al Ejército Árabe Sirio. ‎

Noveno: Los autores del informe citan brevemente las restricciones sociales vinculadas a la ‎pandemia, los problemas económicos y las tensiones políticas que pueden agravar los problemas ‎existentes y que grupos terroristas, como Daesh, tratan de explotar. Pero omiten mencionar las ‎medidas coercitivas unilaterales impuestas que los Estados Unidos de América y los países de la ‎Unión Europea imponen a varios Estados Miembros, como Siria. Esas medidas exacerban ‎igualmente las condiciones económicas y sociales que Daesh y otras organizaciones terroristas ‎tratan de aprovechar. Obstaculizan la acción de los Gobiernos, como el Gobierno sirio, que ‎quieren poner fin al terrorismo, secar sus fuentes e impedir que Daesh y otras organizaciones ‎terroristas utilicen el territorio sirio como trampolín de operaciones y ataques en Siria, en ‎la región y en el mundo. ‎

Décimo: La República Árabe Siria solicita nuevamente a los Estados Miembros que luchan contra ‎el terrorismo coordinar enteramente sus esfuerzos, en el pleno respeto del principio de soberanía ‎nacional, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad, el cual debe:‎
cumplir con sus responsabilidades en la materia, impedir que las organizaciones terroristas ‎se reciclen en otros lugares y bajo otros nombres, adoptar medidas disuasivas y punitivas contra ‎los Estados y regímenes que respalden y financien el terrorismo, impedir la manipulación de ‎los temas vinculados a la lucha contra el terrorismo y renunciar al doble rasero, a las ‎interpretaciones erróneas y al uso de sus Resoluciones como pretexto para violar la soberanía y la ‎independencia de los Estados. ‎

Finalmente, subrayamos que el Ejército Árabe Sirio, en cooperación con sus aliados, seguirá ‎enfrentando el terrorismo, la ideología takfirista y los discursos de odio, discriminación y racismo ‎dirigidos contra Siria y contra su pueblo desde hace más de 10 años. Es un imperativo eliminar ese ‎terrorismo y secar sus fuentes para garantizar al pueblo sirio la prosperidad y una vida decente. ‎

Agradecería a usted que haga distribuir el texto de la presente carta como documento del Consejo ‎de Seguridad. ‎