El actual Gobierno ha impulsado dos reformas al régimen pensional bajo las leyes 797 y 860 y tiene en salmuera una tercera, que al decir de los altos funcionarios del Gobierno no se presentó en este semestre para no entorpecer el debate sobre el tema fundamental para la clase política y el ejecutivo: la reelección inmediata del presidente Uribe, quien fuera el artífice de la ya famosa ley 100 que modificó sustancialmente el régimen pensional colombiano.
En torno a este problema se discuten varios elementos, unos de origen político y otros de corte económico, los cuales se resumen en uno solo: una política decidida de desmonte de las prestaciones sociales, (llamadas por algunos carga laboral) conquistadas en las décadas anteriores y que al decir del empresariado encarecen la mano de obra y no permite crear nuevos puestos de trabajo. Bajo este supuesto se impulsó igualmente la reforma laboral, mediante la cual se recortaron horas extras y se flexibilizó el contrato de aprendizaje entre otros aspectos, constituyéndose en un verdadero negocio para las empresas. Con creces les fue devuelto el impuesto de guerra y las sobretasas en el impuesto de renta, aprobadas en las recientes reformas tributarias.
Ahora bien, el Gobierno optó por hacer reformas parciales que no causen mucho impacto, sobre todo en los trabajadores, aplicando el viejo principio de la rana hervida, quien no se da cuenta que la están cocinando hasta tanto no está hirviendo. Son reformas, que acumuladas logran el objetivo de incrementar las semanas mínimas de cotización exigidas, aumentar el porcentaje de cotización, disminuir el porcentaje de la mesada (la cual pasa de un 65% y 55%) y tomar como base de liquidación toda la vida laboral. Lo anterior significa que, con la inestabilidad laboral reinante y la deslaboralizacion, el trabajador tiene que asumir toda la cuota de su aporte pensional y las posibilidades reales de adquirir el derecho se alejan cada vez más.
De otra parte, el Estado y el empresariado se descargan de la obligación de compartir la creación del ahorro para formar su capital pensional -dentro del concepto del estado comunitario-, cada habitante debe hacerse responsable de tales prestaciones o derechos, mediante el ahorro y el esfuerzo individual.
Pero, el problema del sistema pensional no es solo un asunto de cotizaciones, semanas o montos. Es también un problema que se agudiza en la medida en que el desempleo y la informalidad crecen. El trabajo temporal no permite lo que llaman los expertos la fidelidad al sistema, esto es que los requisitos de tiempo y edad se cumplan simultáneamente. Las sucesivas interrupciones en la cotización por la temporalidad alejan las posibilidades de adquirir el derecho bien en el sistema de prima media (ISS) o en el de ahorro individual (fondos).
Igualmente, es un problema macroeconómico. Y es tal vez este el más grave y el menos analizado, y es también el que maquilla y manipula el Gobierno nacional para justificar las reformas. Hay que partir de la precisión de que los trabajadores cotizaron por años lo ordenado por la ley y por tanto hicieron su respectivo ahorro. Lo contrario plantean el Gobierno y los gremios financieros que las pensiones son una carga fiscal como si los pensionados y los futuros pensionables la hubiesen adquirido gratuitamente; y se supone que lo propio hicieron los patronos. Entonces, ¿En qué consiste la llamada bomba pensional? ¿Qué significa, la amenaza de que no se tenga como responder con las mesadas tanto en el sector público como en el privado (ISS)?.
Quizás lo que el Gobierno no nos ha explicado es que la bomba se encuentra en la defraudación que hicieron los representantes de la clase política, quienes han administrado las empresas estatales en donde se manejan los fondos o reservas de las pensiones. Recuérdese los casos de Granahorrar y el Banco Central Hipotecario para mencionar solo algunos, billones de pesos correspondientes a las cotizaciones (ahorro público) de los asalariados invertidos en aventuras financieras sin que haya responsables, gracias a la impunidad, la corrupción y en parte también, a la amnesia de los sectores populares. Pero sin ir tan lejos, hay que preguntarle al Gobierno dónde están colocadas las inversiones que obligan a hacer al ISS en TES del Gobierno y que alcanzan cifras millonarias, ¿Por qué el Gobierno no dice que gran parte del ahorro pensional está financiando niveles insostenibles de gasto destinado a la deuda pública?
Por lo anterior, es necesario levantar la bandera por la exigencia de una comisión de la verdad que establezca el paradero de los dineros de las reservas del Seguro Social y cifras reales sobre número de pensionados y montos de las mesadas. No puede permitirse que continúe el chantaje oficial en relación con la necesidad de otra reforma, impulsando la desaparición de esta indispensable prestación social y tendiendo una cortina de humo con respecto a los responsables de la defraudación de los ahorros de los colombianos y a la verdadera causa del debilitamiento del sistema pensional como el desempleo y la pobreza, en tanto no se tenga capacidad de ahorro.
Es urgente derrotar la tesis de que la culpa la tienen los asalariados y sus convenciones colectivas. Es necesario impulsar una movilización nacional para defender esta prestación social para las futuras generaciones de colombianos y para solidarizarnos con los pensionados, quienes hoy con sus pobres mesadas cargan con los hijos y los nietos desempleados.
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