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Una guerra política sin cuartel. Así puede caracterizarse el embate que ha emprendido el gobierno mexicano, respaldado por los partidos políticos neoliberales, personajes del poder judicial, los medios electrónicos y sectores empresariales, contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La razón es sencilla: el mandatario local es, por mucho, el puntero en las preferencias para la elección presidencial de 2006. Asimismo, es una figura con un aura de honestidad y eficiencia como gobernante, que ha manifestado un enérgico rechazo de las políticas neoliberales implantadas por el antiguo priismo y continuada por actual gobierno de derecha.

López Obrador ha predicado con el ejemplo. Durante su gobierno estableció una política de austeridad y combate a la corrupción; impulsó grandes obras públicas; fomentó los programas de vivienda popular; fundó hospitales, escuelas públicas y una nueva universidad (en treinta años no se había creado ninguna en la zona metropolitana), e implantó una política social que incluye apoyos económicos y asistencia a sectores vulnerables (ancianos, madres solteras, jóvenes, indígenas...), con lo que ha ganado principalmente su amplia popularidad.

El contraste con el gobierno del presidente Vicente Fox ha sido brutal. En medio de los escándalos por actos de corrupción en las altas esferas, con un gabinete gris y sin rumbo, el gobierno nacional parece incapaz de enfrentar los grandes problemas del país. En particular, la economía está estancada; el desempleo y la pobreza van en aumento. Fox se comprometió con un crecimiento de 7 por ciento anual; pero ya en el último tercio de su gestión, el saldo es decepcionante: apenas 1.2 por cierto anual en promedio. El desempeño es también desalentador para un impaciente sector de los inversionistas, pues ninguna de las reformas “estructurales” impulsadas por Fox, para profundizar el modelo neoliberal, ha sido aprobada por el congreso, lo que refuerza la imagen de un equipo gubernamental ineficaz y con nula capacidad negociadora.

El síndrome del antichavismo adquirido

El resultado ha sido que la simpatía de la población se ha volcado hacia AMLO. A mitad del sexenio foxista ya era absolutamente claro que López Obrador arrasaría en las urnas. Esta es la pesadilla que perturba el sueño de la minoría que se ha beneficiado con el modelo neoliberal. Los resultados de las encuestas que llegan a sus escritorios cada día, aumentan el pánico de los altos mandos del gobierno, de los partidos coaligados con éste y de sus socios del sector privado. Les desvela la idea de que pueda ocupar la presidencia del país un político que califican como “populista”, lo que en su definición peculiar significa un gobernante apartado de los patrones y lineamientos neoliberales que se han aplicado con puntualidad durante los últimos veinte años. El fantasma de Chávez en Mesoamérica, a lo que hacen constantemente alusión en los últimos tiempos, les inquieta. Más aún, la visión de “otro Chávez”, ahora en el gobierno de un país como México, alarma a los grupos de poder interno, lo mismo que a poderosos intereses transnacionales.

Aterrados ante la perspectiva de un gobernante que aplique políticas diferentes, y que eventualmente muestre que hay alternativas al modelo “todo para los ricos” aplicado por el foxismo, iniciaron una campaña feroz contra el gobierno del DF y, en particular, contra AMLO. La consigna es inequívoca: hay que atajar al abanderado de la izquierda partidaria. Quizás quien lo expresó de manera más cínica y directa, fue el ex canciller Jorge Castañeda: “A López Obrador hay que detenerlo por las buenas, por las malas o por cualquier otro medio”. No hay que olvidar esta frase ominosa.

La operación ha sido continua. Durante 2002, se intentó meter al gobierno del DF en la ratonera del desacato a la ley, en el curso de un sonado litigio por un predio (el Paraje San Juan), que referiremos más adelante. AMLO logró demostrar que se trataba de un intento de fraude contra el erario capitalino y ganó el pleito en los tribunales. En marzo de 2004, inició la campaña en grande. Aprovechando los actos de corrupción de figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece AMLO, videograbadas por un empresario dedicado durante años al tráfico de influencia y al fraude (Carlos Ahumada), mientras recibían dinero de éste, el gobierno inició una vasta maniobra de desprestigio. AMLO bajó siete puntos en las encuestas.

Pero éste contraatacó: denunció que se trataba de un complot oficial; dio pruebas de que no tenía ningún vínculo con Ahumada y de que, por el contrario, el empresario entregó los videos al gobierno federal una vez que las autoridades del DF iniciaron acciones legales para enjuiciarlo por un fraude de tres millones de dólares. Se trataba de una confabulación política. Cuando comenzaron a salir las evidencias de que funcionarios (del ministerio público y del servicio de inteligencia federales) y legisladores del partido oficial estaban involucrados en la maniobra de desprestigio, AMLO volvió a subir en las encuestas.

Luego se intentó ahogar financieramente al gobierno local, aprobando en el congreso restricciones a su capacidad de endeudamiento. El gobierno del DF hizo ajuste y no canceló su política social ni su plan de obras públicas, que era lo que se buscaba. Desesperados, en el curso de este año los adversarios de AMLO decidieron cortar por lo sano: fabricarle una acusación de desacato a la ley (a raíz de otro litigio por un predio, llamado El Encino), iniciar un proceso de desafuero, enjuiciarlo y así eliminarlo como posible candidato a la presidencia. Este proceso está en curso. Además, hace unas semanas, todas las fuerzas pro neoliberales representadas en la Cámara de Diputados se conjugaron para modificar la constitución y suspender del presupuesto del DF los fondos federales dedicados a la educación, lo que supondría disminuir los recursos del gobierno local en cerca del diez por ciento. El asunto se ventila ahora en la Cámara de Senadores.

Durante el año que corre, el proceso dirigido a quitar el fuero al jefe de gobierno de la capital, para enjuiciarlo por la supuesta violación de una resolución judicial, ha absorbido buena parte de la atención pública. Pese al ataque sistemático en su contra, hasta hoy AMLO se mantiene firme en la cúspide de las encuestas. Pero, como se dijo, si éste es desaforado y procesado penalmente, podría quedar excluido de la contienda. El cálculo oficial es que de esa manera la izquierda partidaria sería marginada como opción política, no en las urnas sino mediante un artilugio legal. Así, estaría garantizado que el poder estatal permaneciese en manos del tándem neoliberal conformado por el partido de la derecha histórica, ahora en el gobierno, y la vieja fuerza autoritaria priista. Un sector creciente de la población sospecha que eso es lo que busca el gobierno, bajo el ropaje de un proceso “judicial”. Si éste lograra su propósito, las consecuencias serían impredecibles.

Pero precisamente porque la mencionada sospecha es cada vez más fuerte, la mayoría de los mexicanos -según todos los sondeos- sigue pensando que AMLO es un buen gobernante y es víctima de una maniobra política para excluirlo de la contienda electoral de 2006. En efecto, según las encuestas nacionales recientes, la aceptación de López Obrador es cercana al 80 por ciento en la capital y alcanza más de 60 por ciento a escala nacional, a una enorme distancia de todos los otros posibles candidatos presidenciales. Y de acuerdo con un sondeo realizado a principios de septiembre pasado por la reconocida empresa Mitofsky, cerca del 60 por ciento de la población rechaza el proceso de desafuero del mandatario capitalino.

La polémica por la justicia

Es por esto que la otra vertiente de la cruzada neoliberal contra el gobernante del DF busca convencer a los mexicanos de que éste es un político que ignora el derecho y quiere ponerse por encima de la ley, esto es, una persona peligrosa y poco fiable. Con ese lema han intentado justificar el proceso de desafuero. En los últimos años, de manera persistente, funcionarios del gobierno federal (incluyendo al presidente), diversos “formadores de opinión” afines a éste, y hasta miembros del poder judicial, han repetido en diversas formas que el jefe de gobierno del DF no acata las normas legales. Hay que decir que la campaña ha permeado a un sector de la población. Se buscó consolidar esta imagen a raíz del mencionado litigio por el predio Paraje San Juan.

Este caso es interesante, pues permite observar otro ángulo del conflicto entre AMLO y sus adversarios políticos: las visiones encontradas por lo que respecta a la aplicación de la ley y la justicia. Todo inició cuando el presunto propietario del llamado Paraje San Juan, un terreno de 298 hectáreas que había sido expropiado años atrás, logró una sentencia a su favor que ordenaba al actual gobierno del Distrito Federal el pago de la fabulosa suma de mil 810 millones pesos (unos 180 millones de dólares) como indemnización. Para entonces, las investigaciones ordenadas por AMLO sobre el caso ya habían arrojado indicios de lo que en verdad había ocurrido: propietarios inexistentes, documentos falsos, destrucción de pruebas documentales, falsificación de firmas, sobornos, etcétera.

En suma, un descomunal fraude, una ofensa a la justicia, que urdía un asalto contra los recursos públicos, con la bendición de la “ley”. Al jefe de gobierno se le notificó el dictamen de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 5 de junio de 2002, que pronunciaba: el asunto del Paraje San Juan "ya constituyó cosa juzgada, esto es, verdad legal, por lo que tiene que cumplirse inexorablemente". Dirigentes políticos, legisladores y los medios ligados al gobierno, unánimemente gritaban que se debía acatar la sentencia sin más. En suma, el gobierno del DF sólo debía callar y pagar.

Pero el hecho es que AMLO ni calló ni estuvo dispuesto a pagar. En cambio inició un ataque frontal contra esa lógica de aplicación de la “ley” y su “verdad”, denunció la corrupción que ocultaba y puso en tela de juicio una administración judicial que aplastaba la justicia. Así, a la ley manipulada por los corruptos, opuso la ley al servicio de la justicia. Fue entonces cuando entró en la lid nada menos que la cabeza del Poder Judicial, buscando desacreditar los empeños legales que desplegaba el jefe de gobierno para evitar el fraude.

Aunque AMLO expresamente no se colocaba fuera del cauce del derecho, los involucrados en la lógica que aquél combatía buscaron presentarlo como alguien que quería ponerse por encima de la ley. En verdad, lo que hizo el jefe de gobierno fue apoyarse en los recursos de la ley para evitar el abuso de ella. A principios de octubre de 2003, solicitó la intervención de la Suprema Corte para que investigase las posibles conductas fraudulentas. La respuesta fue fulminante: el presidente de la SCJN, ministro Mariano Azuela Güitrón, determinó que procedía desechar la petición de AMLO “por notoriamente improcedente". Lo más asombroso de esta conclusión era que se rechazaba la petición fundándose en que AMLO no era “gobernador”. Evidentemente, la interpretación era, por decirlo lo menos, de una literalidad insólita y banal.

Barrer la escalera de la corrupción

Pero si el propósito era parar en seco la impugnación, mediante el argumento de la falta de representación legal del jefe de gobierno, el plan fracasó. AMLO perseveró en el cauce legal, provocando el escándalo en ciertos círculos y, como se verá, la furia del magistrado presidente de la SCJN. El gobierno del DF presentó ante la SCJN un recurso de reclamación. Pero el mandatario del DF incurrió en una transgresión, un acto imperdonable a juicio de sus adversarios. En lugar de esperar calladamente a que la ley hiciera lo suyo, de acuerdo con las reglas tácitas del aparato, habló de las implicaciones del caso y tocó fibras sensibles. Y aquí se dio la ocasión para una de las polémicas públicas más ricas sobre la justicia y la ley de los últimos tiempos.

Primero, AMLO dijo que no pagaría, pues ello implicaba utilizar los recursos del presupuesto para convalidar un acto de corrupción. Luego explicó por qué, a su juicio, no luchar contra la resolución lastimaría principios éticos y a la justicia misma. Y para rematar hizo una crítica fuerte a la administración de la ley y al sistema judicial mismo. Se requería limpiar la corrupción, dijo, “de arriba para abajo, como se limpian las escaleras".

Inmediatamente, un coro de comentaristas manifestó su alarma por esta negativa “a cumplir la ley”, y los diputados del partido oficial (PAN) ante la Asamblea Legislativa exigieron al mandatario a obedecer la resolución judicial. “Los desacatos” del jefe del gobierno, dijeron, atentaban “contra la democracia”. Esta tesis implicaba supuestos muy interesantes, aunque sorprendentes. Según este parecer panista, por ejemplo, litigar en los foros legales para impugnar legalmente una resolución era equivalente a un desacato y un atentado contra la democracia. ¿Cómo se desacata la ley mientras se ejercen recursos de defensa que reconoce la propia ley? Esto nunca se explicó.

¿Bradbury o Kafka?

La campaña llegó a su clímax cuando el propio presidente de la corte suprema del país se lanzó al ruedo, el 27 de octubre, para defender la “libertad”. Con un estilo elíptico (y a veces enrevesado) y aprovechando que hablaba en una feria de libros jurídicos, Mariano Azuela tomó como hilo de su discurso la novela Farenheit 451, de Ray Bradbury, la conocida alegoría en torno a la prohibición de los libros. Y de ahí extrajo su moraleja: los que no leen "corren el riesgo de ser manipulados por quienes [...] utilizan sus propios objetivos para dar apariencia de una democracia populista, donde es el pueblo el que decide qué es lo correcto". Finalmente, alentó a la sociedad a "instruir su intelecto mediante los libros", para evitar que "el pueblo sea un conjunto de seres manipulados... "

Ni el más distraído de los ciudadanos dejó de advertir que el objeto de las indirectas de Azuela era el jefe de gobierno. Había algo de riesgoso en su alocución sobre el costo de no leer, pues parecía una crítica involuntaria al presidente Vicente Fox, quien no es muy afecto a “instruir su intelecto mediante los libros”, e incluso en una ocasión sugirió que existía una relación positiva entre ser feliz y apartarse de la lectura. Pero, al margen de esos detalles, importa aquí el fondo de la insólita arenga de Azuela.

El magistrado presidente advertía, pues, contra la manipulación que podía resultar de no leer. La manipulación, a su vez, podía provocar la “democracia populista”. Lo importante es que Azuela proponía una variación radical de la mirada. Mientras AMLO miraba hacia dentro del castillo de la justicia y hablaba a los ciudadanos de los abusos que vislumbraba entre las paredes de ese palacio, Azuela buscaba desesperadamente desviar la atención hacia otro punto, convencer de que la fuente del mal se encontraba afuera, en la deficiencia de la gente misma y su posible manejo.

Mientras el primero veía los peligros en la manipulación que se hacía de la ley en los salones y pasillos del sistema judicial, el segundo alertaba de los peligros de ventilar ante la gente lo que allá ocurría, una transgresión que sólo podía desembocar en la manipulación populista. Para uno, la sociedad es finalmente el árbitro del sentido de lo correcto, la que decide; para el otro son los magistrados y jueces los únicos intérpretes de lo correcto y en ellos radica la decisión. Para uno el principal peligro es la manipulación del derecho en tanto afecta a la justicia, para el otro el riesgo lo constituye la manipulación del pueblo en tanto pone en cuestión el ejercicio del derecho. Para uno la justicia es la sustancia de la ley, para el otro la ley es la sustancia de la justicia.

Es por todo ello que para AMLO era importante no apartar la mirada de la arquitectura judicial, para ver sus rincones oscuros, ventilar sus corredores; mientras que para Azuela era vital proteger el castillo de las intromisiones de los que se arriman a sus puertas, pretendiendo ver su interior. Para AMLO el verdadero tema que planteaba el caso del Paraje San Juan era el sentido de la justicia; para su contradictor el punto clave era la majestad de la ley y el derecho. [1]

De ahí que Azuela busque un asidero en la mencionada obra de Bradbury para imaginar algún amago contra la libertad, una amenaza que es externa al aparato de la ley, que viene del exterior. Pero, para abordar con provecho el problema que le preocupa al jefe de gobierno, el de la justicia en nuestra sociedad, la referencia relevante es más bien la novela El proceso de Franz Kafka y la curiosidad de éste por la obscenidad interna de la ley. Es esa obra la que nos presenta el aparato de la ley como un intrincado laberinto y un castillo protegido en el que el impotente acusado, el señor Josef K., jamás encuentra los cauces de la justicia.

En su conversación con el sacerdote, que es también un esquivo miembro más del Tribunal, el señor K. escucha la “historia irresistible” de las puertas de la ley y su guardián. La ley funciona en un edificio cuyas puertas enormes son vigiladas por un guardián. A éste se acerca un hombre que le pide entrar en la ley. El guardián le responde que “ahora” no puede permitírselo. Una y otra vez, durante años, hasta el final de la vida del hombre y pese a sus súplicas, el guardián le niega la entrada.

Envejecido, en el delirio postrero, todavía el hombre cree distinguir en la oscuridad un resplandor que emana de las puertas de la ley. Antes de morir hace una última pregunta al guardián: “Todo el mundo se esfuerza por llegar a la ley, ¿cómo es posible entonces que, durante tantos años, nadie haya pedido la entrada más que yo?”. El guardián, dándose cuenta de que el hombre se acerca a su fin, le responde: “Por aquí no podía tener acceso nadie más que tú, porque esta entrada estaba destinada sólo a ti. Ahora me voy y la cierro”. [2]Las puertas de la ley están hechas para el hombre; pero jamás puede traspasarlas.

Como recuerda Slavoj Žižek al analizar este pasaje kafkiano sobre las puertas de la ley, su sentido profundo es que “no puede transgredirse la frontera que separa la vida cotidiana del lugar sagrado de la ley”. [3] En eso consistió la gran transgresión simbólica de AMLO, lo que provocó la ira en los círculos de poder: su intento de conectar la vida de la gente con la esfera de la ley, esto es, enlazar una resolución judicial que no “veía” o no quería ver la corrupción, con los efectos que ésta provoca en la existencia de los ciudadanos. En el mundo alucinado del castillo, la ley funciona con su propia lógica y sus propias reglas, sus ritos y sus oficiantes.

Los profanos deben mantenerse al margen, si acaso a las puertas, jamás hablándole de justicia al tribunal e interpelándolo. Según como se miran las cosas desde el castillo de la ley, sólo la manipulación del pueblo, convertida en “masa”, puede incitar a la gente a albergar el deseo insano de hablar al Tribunal. Tal como lo refiere Kafka, según los “escritos introductorios de la ley”, el destino del ciudadano es terminar a sus puertas miserablemente, sólo refunfuñando entre dientes.

Por lo demás, en el universo kafkiano “los intentos de establecer el modo de funcionamiento del Tribunal mediante el razonamiento lógico están condenados de antemano a fracasar”. El señor K. es envuelto en esta racionalidad y, sumergido en ella, está perdido. “El error fatal de K. -dice Žižek- consistió en dirigirse al Tribunal, al Otro de la ley, como una entidad homogénea sobre la que se podría influir con una argumentación consistente, mientras que el Tribunal sólo puede devolverle una sonrisa obscena, mezclada con signos de perplejidad”. En efecto, “K. espera del tribunal una acción (medidas legales, decisiones), pero lo que obtiene es un acto” impúdico, que allí puede interpretarse como el deseo decadente que invade el recinto. [4]

El grito del texto kafkiano contenido en esta visión del aparato de la ley es que, en lugar de acciones provechosas, el ciudadano recibe los reflejos apenas visibles (la “luz débil”, “el vaho”, la “niebla blanquecina” que inundan el recinto del Tribunal y dificultan la vista, según la descripción de Kafka) de una cadena arrolladora y caótica de actos de corrupción. En ese mundo espectral, enloquecido, quizás el comportamiento de K. era más una fatalidad que un error, pues allí no tenía otra opción. Para que ese Tribunal funcione, se requiere que el sujeto se dirija sólo a él, suplicante, y en sus propios términos. En cambio, en el “mundo de la vida” -a que hace referencia Habermas- hay la opción de no dirigirse al tribunal en los mismos términos del desdichado K. Es a eso a lo que apostó AMLO.

Finalmente, El proceso ilumina una contrariedad entre verdad-justicia y ley que aquí viene perfectamente a cuento. Además, nos permite entender lo que en la maquinaria del Tribunal significa realmente la ley: un mecanismo necesario que no se compromete con la sustancia de ninguna verdad, una máscara vacía, una voz sin sujeto. El teatro griego inventó la máscara como voz y como persona; la ley enmascara un vacío, una ausencia. De nuevo Žižek ha advertido esta peculiaridad. El rasgo distintivo de la ley, dice, “es que no hay ninguna verdad sobre la verdad. Cualquier garantía de la ley tiene el estatuto de una apariencia, de un semblante; la ley es necesaria sin ser verdadera”. [5]

Después de una discusión sobre si el guardián de las puertas de la ley había engañado al hombre o era aquél el engañado, el sacerdote advierte a K.: “La acertada comprensión de un caso y la comprensión desacertada de ese mismo caso no se excluyen completamente”.

Sólo son interpretaciones u opiniones sin mayor trascendencia para la ley. “La escritura-agrega el sacerdote-es invariable y las opiniones no son con frecuencia más que la expresión de lo desesperante que ello resulta”. Y al final remata sin desperdicios: “no hay que creer que todo sea verdad; hay que creer que todo es necesario”. La necesidad de la ley y la verdad de la justicia se oponen o no se implican mutuamente.

En ese contexto opresivo, querer que las cosas sean de otra manera, es como pedir peras (justicia/verdad) al olmo (la ley). En el asunto que nos ocupa, hasta ahora, sería tanto como pedir peras a El Encino (y a este caso se puede agregar una larga lista: matanzas de opositores, guerras sucias, rescates bancarios, escándalos de corrupción, etcétera). Es a esta fatalidad a lo que ha querido oponerse AMLO en los últimos años. En respuesta, desde lo más alto del Tribunal (o de la Corte), se proyecta la voz de la ley, como un dios implacable: “¡La ley es necesaria, inexorable, y todo lo demás sale sobrando!”

Pero contra los cálculos de la voz suprema del Tribunal, la SCJN dio un paso adelante y, el 4 de noviembre de 2003, tomó la resolución de conocer el recurso interpuesto por el GDF en contra del fallo que lo obligaba a pagar la indemnización mencionada. La Corte no pudo abstraerse de la nueva situación creada por la irrupción del debate público. El cambio en los términos en que el GDF se dirigió a la Corte, como por arte de magia, al menos por un momento deshizo el maleficio, disolvió la “niebla blanquecina”. Se había abierto una grieta en el monolito de la ley azueliana; se entreabrían las puertas para el señor K.

Además, la Corte sentó una jurisprudencia trascendental. Como se recordará, el ministro Azuela quiso cortar por lo sano (es un decir) al sostener que el jefe de gobierno carecía de “legitimación” para solicitar la investigación de los actos fraudulentos, por no ser éste gobernador de una entidad federativa. La Corte aceptó que el jefe de gobierno sí está legalmente facultado en los términos constitucionales, equiparando sus atribuciones a los gobernadores de los estados de la federación. [6]

De suyo, la decisión de la Corte revestía una enorme importancia. Pero ésta se agigantaba si tomamos en cuenta que a la sazón el gobierno capitalino estaba sometido a una verdadera andanada de demandas de similar carácter al del Paraje San Juan, varias de las cuales suponían la erogación de indemnizaciones millonarias. El oficial mayor del GDF informó que el monto de esas demandas era de tal volumen que no alcanzaría todo el presupuesto de ese año para cubrirlas.

En esa eventualidad, el gobierno capitalino se convertiría en una mera ventanilla de pago de las mafias del tráfico de influencia y del fraude en gran escala. Evidentemente, el tipo de demandas que esos grupos habían convertido en una de las bellas artes era ya una industria muy lucrativa; y para enfrentar este fenómeno el gobierno requería la facultad que la Corte le había reconocido. Los casos pendientes entonces eran la mina La Mexicana y los predios El Encino (ambos casos litigados contra el gobierno por la misma persona), Los Novillos y Fama Montañesa. [7]

Finalmente, el 23 de noviembre de 2003, la Corte dio entrada a un recurso de nulidad del juicio terminado, por fraudulento, que había interpuesto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El caso no estaba concluido; pero con los recursos que las autoridades y los representantes del DF interpusieron en su momento, el asunto tomó un giro diferente. Con el tiempo, las pruebas acumuladas que apuntaban a que hubo un intento de fraude descarado eran ya abrumadoras. Y entonces ocurrió el milagro: una dependencia del gobierno, la Secretaría de la Reforma Agraria, descubrió en sus archivos que el predio en litigio era ¡propiedad de la nación! Así, el caso se derrumbó, y el acusador (el presunto propietario del predio) pasó a ser un acusado ante los tribunales. AMLO y el gobierno del DF tenían la razón. Fundado en las evidencias, el ministerio público capitalino abrió procesos por diversos delitos contra el demandante y sus cómplices. El pillo huyó (a Cuba) y lo pescaron. Devuelto al país por las autoridades cubanas, ahora espera sentencia.

Ni uno solo de los bizarros defensores del derecho y la justicia que batieron tambores contra el GDF y AMLO, acusándolos de atentar contra la ley, balbucearon siquiera un tímida disculpa o alguna justificación pública sobre su comportamiento. Para ellos, como en la novela de Kafka, la verdad (o la ausencia de ella) en un caso judicial no parece ser algo de gran trascendencia. Después de todo, sólo se trataba de aplicar la ley, que no es una cuestión de verdades sino de opiniones. Por eso, como hemos visto, lo único que hicieron fue buscar otros pretextos para seguir combatiendo al objeto de sus pesadillas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? No lo sabemos. Lo único cierto es que sigue flotando la fórmula de Castañeda para detener a López Obrador.

[1] El 8 de septiembre de 2004, el magistrado Azuela volvió al ataque, esta vez para hacer un llamado a salvaguardar "esa majestad del derecho que elimina para siempre el capricho de un gobernante que pretende estar por encima de la ley". Ahora, Azuela no sólo fue más directo en su referencia a López Obrador, sino que además adoptó la fórmula utilizada por Vicente Fox frente a los legisladores panistas unas semanas antes, cuando éste los exhortó a votar por el desafuero para evitar que cualquier autoridad quiera ponerse por encima de la ley. El jefe del Poder Ejecutivo y el presidente del máximo tribunal exhibiendo, a contrapelo del principio de separación de poderes, su consonancia respecto al proceso de desafuero.

[2] Franz Kafka, El proceso, Alianza Editorial, Madrid, capítulo 9

[3] Slavoj Žižek, Mirando al sesgo, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2000, p. 244. En el marco de ese universo en el que “el Otro de la ley aparece como incompleto”, el autor agrega: “Nunca podemos llegar a la última puerta de la ley”. Ibídem, p. 249

[4] Ibíd., pp. 246-247. Cursivas del original

[5] Ibíd.., p. 248. Cursivas del original

[6] Al día siguiente, López Obrador expresó satisfacción por el dictamen del pleno de la Corte, pues con ello “dejo de ser gobernante de la república del limbo y ya soy gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal".

[7] Mientras redactaba este texto, el gobierno ganó el caso de La Mexicana en los tribunales. Involucraba unas 20 hectáreas por un valor aproximado de 200 millones de dólares. Los medios adversos al jefe de gobierno, desde luego, guardaron silencio.