El problema surge cuando el presupuesto refleja solamente los intereses de los grandes poderes económicos y políticos de una sociedad y excluye al resto en un acto de tiranía y antidemocracia que no tiene nada que envidiarle a la dictadura.

En Colombia se vive en una dictadura de nuevo cuño: una dictadura fiscal, y la reciente aprobación del presupuesto 2005 se constituye en la prueba fehaciente de que las instituciones democráticas y las instituciones fiscales no tienen relación alguna, un presupuesto que se presenta exagerado en su monto frente a las realidades de nuestra economía, aumenta la dependencia del endeudamiento público y que además dedica una buena parte de sus recursos al pago de la deuda contraída y al gasto militar es a todas luces un presupuesto que revela los intereses de los poderosos: una clase financiera nacional y externa que absorbe el 35% del presupuesto público en onerosos servicios de la deuda, pero que también se beneficia del llamado gasto social que ellos mismos intermedian, y una poderosa clase política, industrial y ganadera que está obnubilada por la idea miope de que el problema de la seguridad y de las instituciones son las FARC y que cualquier recurso que se use en esa guerra irá directamente a sus beneficios.

Y finalmente el interés conexo: la clase política que con el presidente Uribe a la cabeza necesita de manera desesperada recursos para asegurar su reelección, reelección que por lo menos en el Parlamento ya tiene totalmente asegurada, pero que finalmente tendrá que definirse en las urnas... y para eso se necesitan cuantiosos recursos, para hacer populismo en cuanto consejo comunitario se invente, llevando soluciones coyunturales a temas estructurales como la carencia de servicios públicos o la pobreza. Es bien sabido por los políticos que una parte de los votos se conquistan con la filosofía del «aguardiente y circo», pero que otros se ganan con golpes de opinión que necesitan publicidad exagerada en pequeños logros del gobierno.

Y por ello, los 93.5 billones aprobados de manera ilegal por el Parlamento, reflejan la tendencia de los poderes dominantes del país, pero no resuelven el problema de la exclusión, de la falta de servicios sociales mínimos, y mucho menos solucionarán el tema económico. Por el contrario, para pagar las nuevas aventuras de estos amos del país se exige una nueva reforma tributaria, la más antitécnica y apresurada de todas la presentadas por este gobierno, que pretende recaudar 1.7 billones de pesos cobrando IVA a los artículos básicos de consumo de los colombianos, o sea cobrando impuestos a los más pobres para que los ricos se perpetúen en el poder.

Y además de impuestos, se venderán los pocos activos que aún tiene la Nación y que constituyen inversiones que le han arrojado grandes utilidades como en el caso de ISA, la empresa energética que tiene mayores potenciales de crecimiento en el país y en la zona andina. Todo esto para satisfacer la «estética» presupuestal, y demostrarnos que el arte de presupuestar en Colombia no tiene límites, y que es capaz de convertir por obra de magia cuantiosos déficits en jugosos supéravits, con lo que Uribe copia a su «aliado» Bush, quien ha sido capaz de descuadernar la política fiscal norteamericana para favorecer a su preferidos.

Jairo Bautista