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Alvaro Uribe

Quito.- La soberanía de las repúblicas incluye la inviolabilidad de sus territorios en todos los aspectos. El que un gobierno meta la mano en el territorio de otro país para detener y peor secuestrar a una persona, quien quiera que sea y por la causa que fuese, contiene a más del delito penal común, una violación flagrante a la soberanía.

Los Estados en sus relaciones internacionales han normado sus procedimientos para la migración, el asilo político, la extradición, la deportación, el requerimiento de una persona perseguida por cualquier motivo. La Declaración de los Derechos del Hombre y la evolución de los Derechos Humanos, así como del Derecho Internacional Humanitario, que norma específicamente situaciones de guerra, han establecido principios fundamentales para proteger la vida y la integridad física y psíquica de las personas, frente a las pretensiones de sus enemigos, garantizando esencialmente, la aplicación de la ley y del debido proceso.

En ningún caso y por ningún concepto es permisible ingresar a un país con un destacamento secreto, secuestrar a una persona, trasladarla a otro país y entregarla a manos de sus perseguidores. Este procedimiento implica la comisión de un delito penal común, una violación flagrante a sus derechos humanos fundamentales. Quién comete un crimen de esta naturaleza, esta trasgrediendo el derecho internacional público, desafiando a la humanidad, al agredir los derechos de una persona y la soberanía y la seguridad de una República y por cierto, al Derecho Internacional Humanitario, que protege a quienes no están combatiendo en acciones armadas.

Uribe, al margen de la ley internacional

Sin embargo y a pesar de que el Derecho Internacional Humanitario, que se aplica también para guerras civiles prolongadas al interior de un país, data de 1860, el gobierno del Presidente Uribe, en la búsqueda de una solución militar a la guerra civil que sufre Colombia y en línea con la estrategia de Estados Unidos de regionalizar el conflicto, ha iniciado operaciones violatorias de los principios del derecho internacional. En su curso belicista se ubica al margen de las leyes internacionales, transformándose en un amenazante peligro para la paz entre naciones hermanas, la seguridad y soberanía de los países y los derechos a la seguridad de los ciudadanos.

Hace un año, en Quito, fue detenido por un operativo de inteligencia presentado como de dimensiones espectaculares, Simón Trinidad. Un dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), que aparentemente, estaba coordinando una reunión de su organización con una misión de alto nivel de la ONU, en la búsqueda de una solución política al conflicto armado que amargamente desangra a su país durante décadas. En un procedimiento sumarísimo fue deportado por las autoridades ecuatorianas, esposado fue embarcado en un avión y entregado al gobierno del Presidente Uribe en Bogotá, quien presentó su arresto como una victoria político militar en un show mediático.

Los informes oficiales, hasta la fecha, no han salido de su laberinto de contradicciones evidentes. No se sabe con objetividad quién lo detuvo, ¿la policía ecuatoriana o la colombiana, agentes estadounidenses o mercenarios de Dyn Corp al servicio de EEUU que operan en Ecuador bajo la cobertura del ilegal convenio que cedió al Comando Sur la Base Aérea de Manta? No se sabe dónde ni a que hora ocurrió la detención, la declaración de Trinidad ante el juez en Quito es una, la versión de los policías ecuatorianos que supuestamente actuaron otra y la del proceso distinta. Las noticias difieren completamente. Solo algo es claro y obvio, hubo una conspiración para detenerlo con la participación confesa de órganos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos y Colombia, que fue maquillada por el gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez, al estilo de Poncio Pilatos, en franca violación de los convenios internacionales, a la legislación migratoria, a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a la soberanía de su propio país.

Un extraño secuestro

Un suceso similar tuvo lugar el 13 de diciembre en Caracas. Ricardo González, conocido también como Rodrigo Granda, fue secuestrado, para luego sin ningún procedimiento, ni siquiera el sumarísimo que se usó en Ecuador, ser llevado como “una cosa” en el baúl de un vehículo a la frontera con Colombia, para entregarlo al gobierno del Presidente Uribe. Nuevamente hicieron tabla rasa del derecho internacional las operaciones transnacionales de la inteligencia del Plan Colombia, denominado ahora Plan Patriota, para uso de la confusión, el lavado de manos de masacres de inocentes y fumigaciones de glifosato, la obtención de más millones de dólares y la prolongación de un plan que no logra encontrar un acierto.

La acción delictiva contra Ricardo González, tiene una secuencia que se inicia en Venezuela. Y que plantea numerosas preguntas, entre ellas: ¿Su secuestro tuvo lugar con conocimiento de las autoridades venezolanas, el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, la Fiscalía de la Nación? ¿Tuvieron conocimiento las autoridades de la DISIP, la policía correspondiente? ¿Ocurrió con la participación de oficiales de la DISIP, bajo órdenes de quién? ¿Estuvo o no detenido momentáneamente en las oficinas de la DISIP? ¿Quién dispuso su traslado a la frontera, su deportación ilegal y su entrega al gobierno colombiano? ¿Si a ningún nivel participaron en el caso autoridades venezolanas, éste secuestro, no constituye una violación flagrante de la soberanía de su país? ¿Si participaron en el delito, cuándo responderán a la justicia, en un proceso que contiene la violación de la soberanía de su país?

Si las motivaciones del gobierno de Uribe en los dos casos, son tan evidentes en su perspectiva belicista, como ilegales, no se explica la actuación de Lucio Gutiérrez en el caso de Simón Trinidad, pues contiene a más de una cadena de ilegalidades, un acto de tolerancia y complicidad con la violación de la soberanía de Ecuador. Y tampoco se explica la posición de Venezuela en el caso de González, más cuando allí, no hubo una detención, sino un secuestro.

El panorama se oscurece o esclarece, cuando se constata que no hace mucho, Venezuela, fue infestada por paramilitares colombianos, que se disfrazaron con uniformes de soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) y pretendieron atacar al Palacio de Miraflores e incluso atentar contra la vida del Presidente Chávez. ¿Un botón de muestra de las pretensiones, ambiciones y peligros del Plan Colombia-Patriota? El asunto de implicancias policiales, militares, diplomáticas y jurídicas, compete a diversos organismos del estado venezolano y requiere una rigurosa y precisa posición, al margen de la provocación, la cual se espera se expondrá una vez que las investigaciones hayan proveído la información indispensable.

¿Quién es Ricardo González?

El militante de las FARC, es conocido internacionalmente como un destacado revolucionario colombiano, que durante numerosos años ha trabajado como diplomático de su organización ante diversos países del mundo, organismos internacionales, partidos políticos de diversas tendencias y medios de comunicación. Sus actuaciones le han llevado a ser calificado por la prensa bogotana como el “Canciller” de las FARC. Ha sido un exponente teórico de las causas históricas, sociales, económicas e ideológicas de la guerrilla, un expositor de la oposición de las FARC al narcotráfico y de la campaña por asociarle para incriminarle y desacreditarle, de no intervenir militarmente en ninguno de los países vecinos, de la búsqueda de una solución política y pacífica a la prolongada guerra civil, entre otros aspectos.

Ahora, Ricardo González, ha sido víctima de un crimen, fue secuestrado y deportado ilegalmente de un país a otro. Sus derechos humanitarios consagrados en los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales, han sido flagrantemente violados, pues fue entregado directamente a la fuerza militar beligerante. Sus derechos humanos, su integridad y su vida están en peligro. Los organismos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con absoluta independencia de la simpatía o no con su causa, deben responder por su protección.

Por todas las connotaciones de éste extraño secuestro, que ocurrió al margen de todo derecho, que contiene una provocación abierta a la soberanía de las naciones y a sus relaciones pacíficas, que extiende la amenazante sombra de una reedición del Plan Cóndor en la era Bush -aquel que organizó operaciones policiaco militares supranacionales y ensangrentó a América Latina-, cabe preguntar: ¿Este no es acaso un crimen internacional, por el que debería responder Uribe ante la justicia penal internacional, como Pinochet o Videla?