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Sería apropiado decir que la decisión de los generales del Ejército de aportar la información sobre los restos de los desaparecidos es una consecuencia de los trabajos que un equipo de científicos universitarios está realizando en los predios del Batallón 13 para ubicar la existencia de un cementerio clandestino.

Y que tales trabajos no hubieran sido posibles -o al menos hubieran enfrentado dilaciones como las que se verificaban hasta el 1 de marzo- sin las definiciones del presidente Tabaré Vázquez en materia de derechos humanos.

Los anuncios de Vázquez, en su discurso inicial en la escalinata del Palacio Legislativo, deben haber convencido a los militares de la determinación del presidente, adelantada en varias reuniones en el período de transición durante el verano. Pero el ingreso del equipo multidisciplinario al Batallón 13 confirmó que los anuncios se transformaban en hechos. Se abría una nueva etapa.

Esa nueva realidad precipitó definiciones dentro de las Fuerzas Armadas. Los irreductibles de siempre pusieron en marcha sus usinas de propaganda viscosa, con protagonismo de ciertos medios que hacen alusión a fuentes no identificadas, a conciliábulos en lugares no definidos y en las que se hacen difusos planteos de participantes desconocidos sobre preocupaciones, inquietudes y desagrados de los que nadie se hace responsable.

Tales rumores fueron estertores marginales. Marginales porque refieren a un grupo reducido de oficiales en situación de retiro que ya prácticamente han gastado todo su crédito de omertà; como dijo un general, “fueron demasiado mimados”. Estertores, porque resultaron incapaces para detener el empuje de una corriente interna del Ejército que quiere “de una vez por todas liquidar el tema de los desaparecidos”.

Hubo, por los días en que el equipo interdisciplinario daba los primeros pasos en el Batallón 13, algunos operativos de prensa: primero fue la divulgación de la fecha en que se produciría el ingreso, un detalle que los mandos pretendían mantener en reserva para no “avivar a los paparazzi”. La pretensión era un poco infantil y en todo caso contraria a la libertad de informar: la divulgación logró apenas postergar el ingreso.

Después, la arqueóloga Elizabeth Onega obtuvo una considerable amplificación a su cuestionamiento sobre la “idoneidad” de los técnicos, amplificación que objetivamente interpuso obstáculos en el trabajo y generó dudas que favorecieron a quienes apuestan al ocultamiento.

Y, finalmente, las “fuentes” deslizaron una detallada información sobre una reunión del comandante del Ejército, Angel Bertolotti, con el cuerpo de generales en la que el jefe de la División IV, general Manuel Saavedra, propuso que Bertolotti ordenara una investigación interna para determinar qué pasó con los desaparecidos y dónde están los restos.

En cierta forma es irrelevante determinar si la filtración operaba a favor o en contra del planteo, que los generales habían comprometido mantener en reserva. La información era cierta y si el objetivo era provocar contradicciones tales que hicieran abortar la iniciativa, ello no ocurrió, y en gran medida se debe a que los trabajos de prospección en el Batallón 13 arrojan resultados auspiciosos.

Esa realidad abona el fundamento expuesto por el general Saavedra: “El tiempo juega en contra de la institución en la actual coyuntura; mientras más se demore la resolución del tema desaparecidos, mayor será la incertidumbre y la inquietud entre los militares, y más propicio se hará el terreno para que sectores radicales desarrollen acciones con el objetivo de perjudicar la imagen del Ejército”, habría dicho el jefe de la División IV según la versión divulgada por Búsqueda.

La propuesta de Saavedra adquirió el lunes 2 consistencia de resolución. Esa tarde Vázquez había concurrido al Comando del Ejército, en la calle Garibaldi, en compañía del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para cumplir con una formalidad: el saludo de los generales al nuevo presidente. En lugar de recibir a los mandos en cualquiera de las sedes presidenciales, Vázquez prefirió concurrir a la del Comando y, sugestivamente, no fue acompañado ni por la ministra Azucena Berrutti ni por el secretario José Bayardi.

Según informó El Observador, “los mandos del Ejército acordaron aportar al gobierno y a los técnicos que investigan en el Batallón 13 toda la información que puedan recoger internamente sobre el destino final de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Los mandos expresaron la más amplia y profunda decisión de contribuir al esclarecimiento de los hechos del pasado, para poder dejarlo atrás y que la fuerza pueda mirar hacia adelante sin lastre. La información que se recabe se dará a los técnicos que hace dos semanas ingresaron al Batallón 13 a investigar si allí se enterró a personas desaparecidas”. La información no fue desmentida. Vázquez admitió, a la salida, que en la reunión se abordó el tema de los desaparecidos, “en los términos que la opinión pública conoce”.

La determinación, avalada por el comandante Bertolotti y por 12 de los 14 generales (los dos restantes están en misiones en el exterior), de recolectar información oficial, es un cambio significativo en la política seguida hasta ahora por los mandos militares. Respecto del tema de los restos de los desaparecidos, la Comisión para la Paz había consignado, según testimonios aportados en reserva y que mantienen el anonimato, que los restos exhumados en 1985 habían sido arrojados al mar.

La decisión de los mandos de investigar para establecer qué pasó y dónde están los restos supone que aquella información no es cierta, o por lo menos parcial. Y también que es hora de dejar de lado la postura del silencio irreductible. Esta determinación de decir qué pasó podría haberse adoptado, en todo caso, cuando se descubrió la existencia de la Operación Zanahoria y se estableció sin lugar a dudas que en el Batallón 13 había existido un cementerio clandestino. El silencio y la negativa sólo alimentaron el desprestigio que ahora impulsa a Saavedra a cambiar de rumbo.

Habrá que atribuir a los mandos una intención sincera, que deriva de la comprobación de lo irreversible: tarde o temprano la historia saldrá a luz y, como dice el general Saavedra, si se sigue el camino largo, la institución estará expuesta al bochorno del parto difícil y prolongado de la verdad. Como está ocurriendo ahora.

Pero esa sinceridad no supone un giro de 180 grados (tampoco uno de 360, como proponía el inefable vicealmirante Márquez; tal maniobra ya fue ensayada con escaso éxito por el ex presidente Jorge Batlle). La información auténtica que pueda aportar el Ejército obedecerá principalmente a las necesidades internas y al carácter de inevitable debido al estado de las investigaciones que realizan los técnicos universitarios, pero también la justicia.

El avance del conocimiento de la verdad no depende sólo de lo que se descubra en el Batallón 13. Por lo pronto, el PIT-CNT, que en su proclama del Primero de Mayo formuló un explícito respaldo a los técnicos que trabajan en el 13, y que saludó la nueva política gubernamental sobre derechos humanos, hizo no obstante importantes puntualizaciones. Reclamó el carácter inamnistiable de las desapariciones forzadas e hizo suyo el argumento de que los responsables de tales desapariciones no pueden beneficiarse de la ley de caducidad; a la vez, reclamó una investigación judicial de las desapariciones de uruguayos ocurridas en Argentina, Chile y Paraguay, por el mismo argumento que exonera al asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz de la caducidad: ocurrieron en el extranjero.

La sospecha cada vez más fundada es que muchas de las desapariciones ocurridas en Argentina tuvieron su último y macabro capítulo en Uruguay. Así como el cuerpo de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires, fue enterrado en el 13 de Infantería, otros cuerpos de prisioneros trasladados en secreto a Uruguay pueden haber sido enterrados en otros cementerios clandestinos, cuya existencia va perfilándose con el aporte de nuevos testimonios.

Algunas de esas historias quizás serán abordadas en el encuentro que Vázquez mantendrá hoy, jueves, con su colega Néstor Kirchner, quien comprometió el esfuerzo de su gobierno por descubrir qué pasó con los uruguayos desaparecidos en Argentina. Un compromiso que es parte de la determinación de establecer toda la verdad en torno a María Claudia García de Gelman, que Kirchner considera un “asunto de Estado”.

La decisión de los generales de aportar información está determinada por el estado del conocimiento de la verdad impulsado por sectores de la sociedad civil contra viento y marea. Y las porciones de la verdad todavía ocultas seguirán saliendo con tirabuzón.

BRECHA