La evaluación represiva que impulsa el Ministerio de Educación es una declaratoria de guerra que no amedrenta a los miles de maestros ecuatorianos, que se sostienen en su derecho a la resistencia.
Como una “Carta de la esclavitud para la educación pública y el magisterio”, calificó la dirigencia de la UNE a las Reformas de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio aprobada por los asambleístas de Gobierno. Esta reformas atentan contra la Educación Puública, contra los derechos de los maestros y maestras del país, y rompen normas constitucionales.
Por otro lado, los dirigentes establecieron que la aprobación de estas reformas elimina la profesionalización docente y faculta a ingresar al magisterio a personal no preparado, como bachilleres y otros profesionales, desnaturalizando la educación pública y atentando contra la calidad de la educación.
Las reformas establecen también a la evaluación como un instrumento represivo, para sancionar y despedir a los maestros de sus puestos de trabajo, para llenarlos con personas, no necesariamente maestros, allegados a Alianza País y al Gobierno. Vale decir que estas mismas prácticas se están aplicando por gobiernos neoliberales como el de Allan García y Álvaro Uribe.
Las direcciones provinciales de educación serán un nuevo botín político gubernamental y ministerial, pues se eliminan los concursos de méritos y oposición que eran requisito para ocupar estos cargos, transformándolos en puestos de libre remoción. Algo contradictorio para un Gobierno que promueve una supuesta “meritocracia”.
Asimismo, los docentes se quedan sin la representación en las comisiones de defensa profesional, donde antes tenían a un maestro o maestra que vele por sus intereses.
Contradiciendo a la Constitución, se establece la prohibición del derecho al reclamo, a la huelga y a la resistencia.
Mery Zamora señaló que el Congresillo y su mayoría gobiernista, pese al golpe que le ha dado al magisterio, no alcanzó los propósitos de destruir la UNE, ni arrodillar a los maestros, al contrario, ha unido más a la UNE, ha afirmado la convicción de sus dirigentes, que defenderán la vigencia de la educación pública, las conquistas y la estabilidad de los maestros.
El Gobierno Nacional continúa atentando contra la Educación Pública, el laicismo y la libertad de cultos, como se expresa en la expedición del Decreto Ejecutivo # 1780, a través del cual entrega recursos económicos, frecuencias para medios de comunicación para que la educación católica evangelice a los ecuatorianos.
Así mismo, los derechos de los maestros, trabajadores y servidores públicos, continúan seriamente amenazados con la discusión del Proyecto de Ley de Servicios Públicos, “con la que pretenden eliminar todas las garantías y derechos contemplados en la Constitución y la ley de Carrera Docente, y nuestras remuneraciones como: sueldo básico, subsidio de antigüedad, bono amazónico y de frontera, ascensos de categoría, funcionales, subsidio familiar y educativo, compensación pedagógica, es decir se nos reduce el salario en época de crisis”.
“A esta declaratoria de guerra a la educación pública, a los maestr@s y a la UNE, le responderemos con todos los medios legales y legítimos que contempla la Constitución, demandaremos la inconstitucionalidad de estas reformas.
“Lucharemos por reformas en la nueva Ley de Educación, que garanticen una evaluación diagnóstica e integral al sistema educativo, que tenga como objetivo el mejoramiento de la calidad de la educación pública y la estabilidad de los maestr@s.
“Contamos con el apoyo de nuestros padres de familia y nuestras comunidades que demandan un cambio profundo en la educación. Nuestra respuesta será medida por medida. No aceptamos que a nuestra propuesta de diálogo social se responda con bombas y fusiles”.
“Nuestra causa, señaló, es la misma que la de los servidores públicos, de los trabajadores, de la juventud, de las universidades, de los ecuatorianos demócratas y progresistas, de la mayoría de ecuatorianos que venimos luchando por el cambio y que no permitiéremos el retroceso social”.
La presidenta de la UNE convocó a una Jornada Nacional el día miércoles 29 de julio.
Una evaluación fracasada
Pese a la versión mentirosa del Gobierno, acerca de que un 60% de docentes habrían asistido al segundo llamado de evaluación, la UNE sostiene que la adehsión a la resistencia se incrementó, puesto que en la primera llamada el porcentaje de maestros que no se presentaron fue del 76% y en la segunda fue del 79%. Esto demostró, en los hechos, que la cohesión del magisterio derrotó al Gobierno.
Ahora que el Ministro ha iniciado con los sumarios para despedir a los docentes que lo único que hacen es defender su dignidad, la UNE ha anunciado que defenderá en todos los planos a sus compañeros.
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