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La implementación completa del Sistema de Vigilancia de la Amazonía (Sivam), proyecto de 1.400 millones de dólares del gobierno brasileño para monitorear de manera pormenorizada las extensiones de aguas, tierras y espacio aéreo de la región amazónica, acaba de quedar más próxima con la entrega del banco de datos con informaciones territoriales de Amazonía Legal elaborado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Se trata de un trabajo de más de seis años realizado por 80 técnicos del órgano y 17 asociados más de la Comisión para Coordinación del Proyecto Sivam (Ccsivam). El equipo ha colectado para la conformación del banco de datos informaciones, tanto gráficas como alfanuméricas, sobre aspectos como base cartográfica, geología, geomorfología, suelos, vegetación, socioeconomía, biodiversidad e hidrología.

Es con esta base detallada que el Sivam, en operación desde el 25 de julio de 2002, que el Estado brasileño pretende introducir en la frontera más rica de todo el planeta, la Amazonía Legal (que comprende la Región norte de Brasil, el estado de Mato Grosso (Centro) y parte del estado de Maranhão (Nordeste). Esa región posee 5,2 millones de Km², que representa el 61% del territorio nacional; el 12% de la población brasileña; más del 30% de la biodiversidad de la Tierra, además de albergar la mayor cuenca de agua dulce del planeta.

¿Quién controla el Sivam?

De acuerdo con el profesor de Ciencias Sociales de la Academia de la Fuerza Aérea en Pirassununga, São Paulo (Sudeste), Humberto José Lourenço, aún antes de la concepción del Sivam, ya estaba acordado por las Fuerzas Armadas que la defensa de la Amazonía necesitaba ir más allá de la simple presencia militar en la región.

«Era necesario que Brasil demostrara, de forma inequívoca, capacidad y responsabilidad para con el desarrollo amazónico», afirma Lourenço en la tesis de maestría La Defensa Nacional y la Amazonía: el Sistema de Vigilancia de la Amazonía, defendida por él en el 2003 junto al Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas (Unicamp).

Durante la Eco-92, en Rio de Janeiro (Sudeste), el gobierno brasileño hizo el anuncio mundial del Sivam que está actualmente subordinado al Sistema de Protección de Amazonía (Sipam), red tecnológica e institucional compuesta por agencias gubernamentales de todos los niveles y no gubernamentales.

Las primeras polémicas acerca del Sivam empezaron con la propia concepción del programa de vigilancia. «En realidad», afirma Lourenço, «el Sivam ha sido un proyecto concebido en una oficina por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia da República (SAE-PR). Por lo tanto ha dejado de lado en su formulación contribuciones de la sociedad civil, de los medios políticos y de la comunidad científica».

Con esto surgieron reacciones de la comunidad científica y académica brasileña hechas principalmente por el físico y profesor emérito de Unicamp, Rogério César Cerqueira Leite. El especialista apuntó para el riesgo de vulnerabilidad del sistema. De acuerdo con él, informaciones sigilosas y estratégicas podrían ser externadas, visto que el gobierno brasileño decidió comprar tecnología extranjera de la cual no tendría pleno dominio.

En 1994 el proceso de licitación, considerado fraudulento, fue vencido por el grupo Raytheon, de Estados Unidos, que competía con la empresa francesa Thompson. En la ocasión, la Aeronáutica había sido acusada de favorecer a la empresa estadounidense, además de haber aceptado un compromiso con relación al destino de las informaciones obtenidas que serían impartidas a Estados Unidos.

Las acusaciones relativas a la licitación, que nunca han sido investigadas, no son todavía el único enlace entre Estados Unidos y el Sivam. En verdad, desde la concepción se sabe que el único país del mundo con capital suficiente para financiar acciones militares en el inhóspito ambiente amazónico sería Estados Unidos. Tanto que el Eximbank, banco de fomento de EE.UU., es el principal inversionista del Sivam, responsable por mil millones de dólares, casi la totalidad de las inversiones prevista en 1.400 millones.

Los países amazónicos, Estados Unidos y el Sivam

El Sivam es compuesto de un sistema con diversos aparatos de vigilancia, como radares primarios y secundarios, operados por la empresa estadounidense que también ha suministrado capitales para el proyecto (239 millones de dólares). Estos radares promueven el control del movimiento aéreo en la región, a fin de identificar aviones clandestinos.

El sistema cuenta además con detectores de vigilancia ambiental capaces de analizar la calidad del agua y aire, así como con tres aviones. A través de la refracción de la luz, esas aeronaves tienen la capacidad de identificar, a una distancia de hasta 300 kilómetros y con el tiempo nublado, si una determinada área está siendo usada para el cultivo de marihuana o de cualquiera otro cultivo. Los aparatos también ayudan a descubrir, por ejemplo, la acción de madereras clandestinas.

La tendencia es que estos servicios sean impartidos entre los llamados países amazónicos. Según la canciller de Colombia, Carolina Barco, en entrevista a BBC, el presidente colombiano Alvaro Uribe «ha reiterado el gran interés de Colombia por el Sivam. El sistema serviría para complementar sistemas semejantes que Colombia sostiene con el apoyo de Estados Unidos», o sea, el Plan Colombia de combate al narcotráfico, desarrollado principalmente en las zonas de floresta.

«Juntamente con Brasil y Perú, que también está muy interesado en el Sivam, buscaríamos un mejor control de la Amazonía, tanto para lograr avances con la biodiversidad como para impedir la acción del narcotráfico y otros negocios ilícitos que deben ser bien controlados», afirmó la ministra.

Para que el Sivam sea implementado efectivamente y las informaciones generadas por éste resulten en intervenciones para garantizar la seguridad de la región, los gobiernos amazónicos están buscando sintonizar acciones legales y tácticas, cada vez más incisivas. Por ejemplo, Brasil quiere aprobar la llamada «Ley del Abate», que permite a las aeronaves de defensa brasileñas derribar un avión desautorizado que se recuse a aterrizar tras ser contactado por fuerzas oficiales. El ministro de Defensa brasileño, José Viegas Filho, comentó que Brasil aguarda solo la sanción por el gobierno peruano de la Ley del Abate de aviones sospechosos de narcotráfico para adoptar la misma práctica en el país.