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Contrario al criterio oficial, buena parte de los analistas locales estiman que, tanto el Plan Colombia como su hijo menor, el Plan Patriota, se desinflan por su incapacidad de cumplir los objetivos para los que fueron diseñados.

Al cumplirse esta semana el primer aniversario del Plan Patriota, operativo de las Fuerzas Militares colombianas, patrocinado y apoyado por Estados Unidos, numerosos observadores y expertos abordan el tema, algunos a favor y la mayoría en contra.

Quienes defienden ese Plan, destinado a eliminar a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sur del país, recurren a las estadísticas oficiales que revelan altas cifras de insurgentes muertos o capturados.

Los críticos de la operación manifiestan que, pese a dichas cifras, hasta ahora no ha sido capturado o muerto un sólo miembro del Estado Mayor Central de las FARC.

Asimismo alegan que, desde febrero pasado, ese grupo rebelde dejó su repliegue estratégico e inició una contraofensiva en diversos departamentos del país, la cual no ha podido ser contrarrestada por la Fuerza Pública.

Para algunos la situación es tan grave que han llegado a cuestionarse, incluso, la popularidad del presidente colombiano, Alvaro Uribe, basada en buena medida en la eficiencia de su política de Seguridad Democrática.

Al respecto John Mario González, profesor de la Universidad de La Sabana, asegura que los altos índices de popularidad del presidente Uribe o no son ciertos o los encuestadores no indagan en el apoyo al jefe de Estado, sino en otras facetas.

Ahora, apunta González, lo que comienza a evidenciar la falta o escasez de resultados es la Política de Seguridad Democrática, la mismísima columna vertebral de este gobierno.

El profesor universitario destaca que, un año después de iniciado el Plan Patriota, los resultados decepcionan y abren muchas interrogantes sobre la sostenibilidad de la política de seguridad, la salida al conflicto armado colombiano y el futuro del país.

Además de que no hay estadísticas confiables y las que presentan las Fuerzas Militares no son tampoco estimulantes; cada vez más esa campaña corresponde a lo que algunos analistas subrayan como un riesgo, indica González.

En esas circunstancias, la dificultad para las Fuerzas Militares es descomunal y se está ante el evidente riesgo de continuar financiando una campaña en las selvas del sur del país con magros resultados.

Mientras, afirma el profesor, la delincuencia campea en las zonas urbanas y la guerrilla comienza a poner en jaque la política de seguridad democrática en otras zonas del país.

Aunque es todavía pronto para suponer que la guerrilla pueda desalentar los esfuerzos de seguridad del gobierno, es claro que los resultados inicialmente logrados están comenzando a ser cuestionados severamente desde que las FARC reactivaran sus ataques en febrero pasado.

En ese contexto, sostiene González, “el escenario que se vislumbra para el país no es nada alentador: con un gobierno a estas alturas muy escaso de resultados y con un presidente en solitario”.

Además, prosigue, “con unos precandidatos presidenciales con un discurso trasnochado, con unas calles llenas de desempleados y gente con hambre, a la espera de que un demagogo o un político profesional hablen de lo social, así entienda muy poco o no entienda nada”.

Y si desfavorable es el panorama del Plan Patriota, su padre, el Plan Colombia, no se queda atrás, ya que casi al concluir sus cinco años de vigencia -comenzó en 2000- y los más de tres mil millones de dólares aportados por Estados Unidos, la producción y consumo de drogas, lejos de disminuir, han aumentado.

Tanto es así, que hasta la propia secretaria norteamericana de Estado, Condoleezza Rice, admitió la posibilidad de que finalice el Plan Colombia, ya que los congresistas estadounidenses no están dispuestos a seguir dando dinero para algo que no ha cumplido los objetivos para los que se creó.

PL