JPEG - 14.3 KB

La visita de cuatro horas del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a Colombia tiene varias lecturas. Tras su relección para un nuevo periodo en la Casa Blanca, Bush escogió a Colombia como su primer destino bilateral en el hemisferio (su viaje a Chile la semana pasada se dio en el contexto de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), lo que envía una clara señal sobre sus prioridades en la subregión. A nivel simbólico, Bush quiso subrayar su compromiso personal con el presidente Alvaro Uribe, su principal y casi solitario aliado latinoamericano en la llamada guerra contra el terrorismo, en especial desde la polémica "guerra preventiva" en Irak.

Pero además, el fugaz encuentro entre Bush y Uribe en la residencia de descanso presidencial en isla Manzanillo se dio en momentos en que ambos países discuten la segunda fase del Plan Colombia y los aportes de Estados Unidos para la desmovilización de los grupos paramilitares colombianos, y 10 días antes de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, en Arizona.

El 2005 marca el fin del apoyo oficial de Estados Unidos al Plan Colombia, la iniciativa lanzada por el ex presidente William Clinton, mediante la cual Washington ha canalizado casi 3 mil millones de dólares para el combate al "narcoterrorismo". Si bien desde hace varios meses se viene hablando de una segunda fase del Plan Colombia, sobre la base de que ese país sudamericano guarda una relación directa con la "seguridad nacional" de Estados Unidos, distintas voces en el Congreso de esta última nación han presionando para que se recorten los aportes. La razón es sencilla: tras las guerras neocoloniales en Afganistán e Irak y la instalación y/o modernización de una red de bases militares del Pentágono en todo el mundo, los fondos escasean en Estados Unidos y han dejado al país con un déficit fiscal que supera los 400 mil millones de dólares. Un déficit que, se prevé, seguirá en aumento.

A comienzos de 2005 el presidente Bush deberá presentar el presupuesto para el año fiscal 2006 y determinar la forma y los recursos que se invertirán en la segunda fase del Plan Colombia. Dos instancias clave en lo que tiene que ver con la competencia por la asignación de los recursos -la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID)- están a favor de que continúe la ayuda, que promedia 700 millones de dólares anuales. Pero el Congreso estadunidense tiene la última palabra.

Algunos congresistas demócratas, como Bob Menéndez, argumentan que el enorme déficit de Estados Unidos está creciendo de manera geométrica, y son partidarios de repartir la "carga colombiana" con otros países, en particular los de la Unión Europea. No obstante, "la vieja Europa" difiere con el alto contenido militarista que Washington ha dado al Plan Colombia.

En los últimos tres años, periodo en el que el general James T. Hill se desempeñó en la jefatura del Comando Sur, Colombia se convirtió en el epicentro de los planes hegemónicos del Pentágono en América del Sur. Hill, quien a comienzos de año identificó como la nueva "amenaza" regional al "populismo radical", a la par del terrorismo y el narcotráfico, convirtió a Colombia en un laboratorio de la contrainsurgencia en el área. Ese país ha sido el principal beneficiado por la "ayuda" y los cursos militares estadunidenses.

En 2003, militares del Pentágono entrenaron a 22 mil 855 oficiales latinoamericanos, de los cuales 9 mil 210 "alumnos" fueron colombianos, seguidos por efectivos de Bolivia, Panamá, Perú y Ecuador. La cifra representa un aumento de participación militar de 52 por ciento en relación con 2002, superando cualquier otra región, incluido Medio Oriente. En el periodo comprendido entre 1999 y 2003, el Pentágono otorgó capacitación a 28 mil 200 soldados colombianos. Según el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, su país recibe 50 por ciento de la ayuda militar que Estados Unidos destina a América Latina. El entrenamiento fue financiado directamente por la Secretaría de Defensa y no está sometido a ninguna restricción o condicionamiento, por ejemplo, en materia de derechos humanos.

El embajador Moreno declaró al diario El Tiempo, de Bogotá, que Colombia es la "principal preocupación" de Washington en materia de seguridad regional. El Plan Patriota, monitoreado por el Comando Sur, involucra a 20 mil militares colombianos, que integran unidades móviles que han sido desplazadas en los departamentos del Putumayo, Caquetá, Meta y Arauca, localizados en la selva amazónica, zonas bajo control de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional.

Hace dos meses, el Congreso de Estados Unidos incrementó el apoyo logístico militar a Colombia. De 400 instructores y tropas de elite que actuaban ya en territorio colombiano, se aumentó a 800. También se elevó la cifra de civiles, de 400 a 600. No obstante, fuentes confiables estiman en mil 200 los "contratistas privados" que actúan en Colombia, subcontratados por el Pentágono para realizar labores de inteligencia, equipamiento y apoyo de planificación y logístico, lo que marca una mercenarización del conflicto colombiano.

El creciente alineamiento militar e ideológico de Colombia con Estados Unidos explica el papel subordinado del ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, durante la sexta Conferencia Hemisférica sobre Seguridad y Defensa, celebrada la semana pasada en Quito, Ecuador. Uribe volvió a insistir en la necesidad de crear una fuerza militar multinacional para combatir al terrorismo en América del Sur, vieja propuesta de Washington. Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia rechazaron la iniciativa y se opusieron también a regionalizar el conflicto local colombiano, punto éste en el que había venido insistiendo el general Hill, quien acaba de ser sustituido en el Comando Sur por otro militar de línea dura, el general Bantz Craddock, ex asistente del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. "La lucha colombiana tiene que ser un combate en el que participen todos los vecinos", dijo Hill (El Comercio, Quito, 7 de octubre de 2004).

Los paras y el TLC

Otro tema sensible del encuentro Bush-Uribe en Cartagena tuvo que ver con el apoyo de Estados Unidos al proceso de negociación para la desmovilización de los grupos paramilitares. Uribe está urgido de fondos y respaldo político, ya que se avecina la desmovilización y reinserción en la vida civil de unos 3 mil paramilitares. Pero según disposiciones del Congreso, Estados Unidos no puede brindar asistencia a grupos o personas vinculadas con el terrorismo. (En relación con los posibles acuerdos de Ralito y la desmovilización de los paramilitares, el comandante de las FARC y jefe de su Comisión Internacional, Raúl Reyes, declaró esta semana que "en Ralito no hay desmovilización, lo que se propone hacer el gobierno es legitimar la política paramilitar del Estado, sobre la base de engaños y mentiras para la opinión pública nacional e internacional. Ralito es una farsa con la finalidad de perpetuar la impunidad del terrorismo de Estado en Colombia").

Respecto a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, la misión de la Casa Blanca es abrir mercados en los países andinos, Colombia incluida, a los productos que subsidia, como el arroz, el trigo y el algodón. Esos productos son protegidos en Colombia con las llamadas franjas de precios, mecanismo que está en la mira de los negociadores de Washington. Según el ministro colombiano de Comercio, Jorge Humberto Botero, las pretensiones de Estados Unidos "son inadmisibles". Colombia alega que sin ese instrumento u otro similar, esos productos desaparecerán y serán sustituidos por cultivos ilícitos. Otra exigencia de Estados Unidos tiene que ver con la propiedad intelectual en medicamentos.

Washington viene exigiendo a Colombia mayor protección a los fármacos de marca mediante la ampliación de las patentes y el patentamiento de segundos usos. El gobierno de Uribe ha dicho que no está dispuesto a debilitar la competencia de los genéricos, que permite tener precios bajos a muchos medicamentos y facilita el acceso de la población a los servicios de salud.